A 15 años de la muerte del capo de los capos, Pablo Escobar, y tras la renovación sucesiva del Plan Colombia que suscribieron los presidentes Pastrana y Clinton en 1999, poco o nada ha cambiado en la lucha contra el narcotráfico.

El acuerdo entre Bogotá y Washington, los mayores productores y consumidores de cocaína del mundo, ha arrastrado la inversión de más de seis millones de dólares en 10 años dedicados a labores de inteligencia, apoyo militar y fumigaciones aéreas con el veneno glifosato.

El resultado ha sido nulo. Colombia sigue exportando más de 600 toneladas anuales de cocaína y la superficie cultivada con hoja de coca no ha bajado de las 160.000 hectáreas. La demanda, principalmente de Estados Unidos y Europa, sigue siendo escalofriante.

Mientras tanto, el narcotráfico ha ido penetrando todas las esferas políticas, económicas y sociales colombianas. Según algunas fuentes financieras, más de 8.000 empresas colombianas son hoy la tapadera del dinero negro procedente del narcotráfico.

La detención del director del poderoso Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, un protegido del presidente Álvaro Uribe, demostró que los servicios secretos de Colombia han terminado convertidos en la terminal del narcotráfico. Ya se ha anunciado una profunda reestructuración.

El jefe de la Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio (hermano del Ministro de Justicia e Interior), también está arrestado por trabajar para otro legendario narco colombiano, Daniel Rendón Don Mario.

También varios ex presidentes de la República han terminado salpicados por connivencia con los cárteles de la droga. El actual mandatario, Alvaro Uribe, declaró haber rechazado dinero para su campaña procedentes de narcotraficantes, aunque nunca los denunció. Sin embargo, para su estabilidad parlamentaria y reelección nunca desdeñó el apoyo de los más de 60 diputados y senadores actualmente encarcelados o investigados por vínculos con los paramilitares, los herederos de Pablo Escobar y del cártel de Cali. Bajo la apariencia de colaborar con el Estado, desarrollaron su negocio.

Y si alguno se resistía a esa mutación, como el ultra Carlos Castaño, era eliminado. En las últimas semanas, las voces alzadas contra la fusión del narcoterrorismo y la política han recobrado su vigor. La influyente periodista, Maria Elvira Samper, escribía en la revista colombiana Cambio: 'El narcotráfico negocia con las instituciones'. Mientras, el economista Salomón Kalmanovitz, ex director del Banco de Colombia, se preguntaba recientemente en El Espectador: '¿Hasta qué punto está capturado el Estado por el crimen organizado?'.