Catalunya quiere negociar bilateralmente la reforma del modelo de financiación. Andalucía se niega. Valencia, que dice compartir intereses con Catalunya, también lo rechaza, pero acusa a Andalucía, con la que coincide en que la población sea el criterio básico, de insolidaridad. Todo ello mientras Extremadura, Baleares, Castilla León, Canarias y todas las demás comunidades se afanan en poner de acuerdo a sus diversas fuerzas políticas para fijar una posición sólida en la negociación en curso. Hasta aquí el vodevil político de relumbrón, pero, ¿qué se dice entre los bastidores del teatro político expuesto a la opinión pública?, ¿qué opinan los municipios, tan castellanos, valencianos, madrileños o gallegos como sus gobiernos regionales, tan Estado como cualquiera de ellos?

Opinan que ya basta de que se olviden de sus penurias económicas. ¿Se sienten los hermanos pequeños del Estado? 'No podemos negarlo', afirma Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 'Mal servicio haríamos a los ciudadanos si de una vez no se les reconoce a los Gobiernos locales un papel institucional que los equipare al resto de poderes públicos. Ahora es el momento', añade.

Los municipios emplean en servicios que no les corresponden el 26,7% de sus gastos, según un estudio del Instituto de Economía de Barcelona para la FEMP. Sólo una parte (30%) está financiada. Estos gastos corresponden sobre todo a seguridad (27%), cultura (25%), promoción social (11,8%) y educación (9%).

'Hay una falta de instrumentos que compensen la supuesta deuda histórica originada por los gastos impropios', opina Javier Sánchez, de la Universidad de Oviedo, en su artículo Hacia una financiación municipal más justa. Esta deuda asciende a 6.793 millones. 'Hace falta redefinir ya todo el mapa competencial', afirma José Sánchez, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga.

Sánchez alerta de otro fenómeno: 'La financiación local ha estado ligada a la actividad inmobiliaria, tanto por convenios como por impuestos, y ello ha producido la ilusión de que los ciudadanos no estaban pagando, cuando lo hacían con el encarecimiento de la vivienda'. A eso se suma ahora la crisis del ladrillo, que ha ocasionado, por ejemplo, que los ayuntamientos sevillanos ingresen hasta un 60% menos en conceptos ligados al urbanismo. La supresión del IAE para las empresas que facturan menos de un millón anual ha supuesto otro mazazo.

Compromiso de Zapatero

La experiencia demuestra que confiar en que la reforma de las haciendas locales entre de forma natural en la agenda política es erróneo. En la pasada legislatura, Jordi Sevilla promovió una reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pero se quedó en el cajón por falta de acuerdo con el PP. Tanto la FEMP como los expertos consultados coinciden en su necesaria reforma. Preguntado por Público, el ministerio de Administraciones Públicas rehúsa revelar sus planes para la legislatura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sí afirmó en su discurso de investidura que 'la situación financiera local requiere una reforma más estructurada, vinculada [...] a la autonómica'. Desde el 9-M, la FEMP esperó pacientemente a que los hechos respaldaran al discurso.El 21 de mayo, Pedro Castro expresó a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, su 'profundo malestar' por la 'ausencia de interlocución'. Dos días después Castro se reunía en Madrid con los secretarios de Estados de Hacienda, Carlos Ocaña, y Cooperación Territorial, Fernando Puig. Quedó constituida una mesa de negociación.

La cuestión esencial que abordará es la participación de los ayuntamientos en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas y la financiación de los gastos impropios. La constitución de la mesa ha supuesto una muestra de fuerza de la FEMP, acusada en ocasiones de un sometimiento excesivo a los intereses partidarios que le resta eficacia en la presión. Pedro Castro defiende la labor de la federación y afirma que, 'sin duda', tiene suficiente peso. No obstante, ya hay alcaldes que, por su cuenta, tratan de utilizar su influencia para trasladar el debate al primer plano de la política nacional, caso de Antonio Rodríguez Limones, regidor de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y uno de los socialistas andaluces con mayor procección.