El Gobierno vivirá esta semana dos hechos que pueden marcar su futuro inmediato como es la huelga general del próximo miércoles y la entrega en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

El primer acontecimiento, la huelga general, ya ha afectado a las cuentas, ya que el Ejecutivo se ha visto obligado a presentarlas el último día posible como consecuencia de que la prensa escrita está convocada a la huelga el martes, en principio el día elegido tradicionalmente para la presentación de las cuentas, y los Presupuestos no hubieran contado con el seguimiento informativo adecuado.

El paro del miércoles se produce tras el desencuentro gubernamental con los sindicatos, principalmente por la reforma laboral y por la ampliación de la edad de jubilación, un enfrentamiento que llega después de que las fuerzas sindicales y el Ejecutivo caminaran juntos y en buena armonía durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno confía en que la huelga general no sea un éxito porque si lo fuera quedaría bastante tocado en lo que queda de mandato.

En cualquier caso, Zapatero ya ha anunciado que aunque triunfe la huelga, la reforma laboral seguirá adelante y no habrá ninguna rectificación, una circunstancia que no se creen los sindicatos que han recordado que en las anteriores huelgas los jefes de Gobierno tuvieron que dar marcha atrás y quedaron marcados en su futuro político.

La incógnita que hay sobre el transcurso de la huelga no existe en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, ya que el Ejecutivo ya se ha asegurado el apoyo del PNV a cambio de traspasar al País Vasco las llamadas 'políticas activas de empleo' o fondos dedicados a la formación de desempleados, cuyo montante se estima en 472 millones de euros.

De esta manera, el Gobierno saldrá airoso de un envite que parecía más complicado de lo que finalmente ha resultado, si bien ha sido a costa de recibir las críticas airadas de la mayoría de grupos parlamentarios que entienden que esa cesión conllevará la eliminación de la caja única de la Seguridad Social, algo que ya han desmentido los firmantes del acuerdo.

Con el apoyo del PNV y el más que probable de CC, que ya votó a favor de la ley de Economía Sostenible, el Gobierno solventaría un nuevo escollo en esta legislatura, en la que cada vez le cuesta más recolectar el beneplácito de los grupos a sus propuestas.