El sistema fiscal está en el punto de mira de los sindicatos. UGT y CCOO consideran que la actual estructura impositiva es no sólo injusta, sino, además, insuficiente para generar los recursos necesarios para atender los servicios y las inversiones que necesita la sociedad. Asimismo, y como otra pata importante en el campo de los ingresos públicos, reclaman más medios para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El Gobierno acaba de anunciar los cambios fiscales que va a incluir en los próximos Presupuestos del Estado para incrementar la presión fiscal sobre los que más ganan, de acuerdo con lo anunciado por Rodríguez Zapatero. Las medidas son, en resumen, dos nuevos tramos en el IRPF para los que tengan ingresos superiores a 120.000 y 175.000 euros, respectivamente; un endurecimiento del tratamiento fiscal de los bonus, limitando la bonificación que estas retribuciones tienen actualmente cuando se cobran de forma plurianual; y una revisión de la tributación de las sicav, las sociedades de inversión que utilizan las grandes fortunas, para cerrar la puerta de atrás por la que lograban escapar al fisco cuando recuperaban sus fondos.

Para los sindicatos, se trata de medidas 'claramente insuficientes' y son 'un gesto para la galería' que queda muy lejos de lo que inicialmente se había manejado desde el Gobierno, como era la introducción de un nuevo impuesto para los más ricos, al que ahora ha renunciado.

El Gobierno ha optado así por varios retoques en los impuestos (que, por añadidura, supondrán un magro aumento de la recaudación de apenas 300 millones) frente a la opción, que defienden los sindicatos, de una reforma fiscal más amplia para avanzar en los principios de progresividad, equidad y eficiencia. Tal reforma se apoyaría en dos pilares: recuperar impuestos que se han eliminado y dotar de más progresividad al sistema fiscal.

El Gobierno ha renunciado a establecer un impuesto para los ricos. Frente a ello, UGT y CCOO plantean rescatar figuras que, por actuaciones del Ejecutivo central o de las comunidades autónomas, han acabado rebajando sustancialmente la carga fiscal de las rentras más altas. Es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, que se ha eliminado en la práctica y que Hacienda se resiste a recuperar. Este tributo afectaba a cerca de un millón de personas y reportaba unos ingresos de 2.000 millones (más de la mitad procedían de aquellos con bienes superiores al millón de euros) que iban a engrosar las arcas autonómicas.

UGT y CCOO también reclaman revisar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, un tributo que ha sufrido constantes rebajas por la competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Algunos expertos han sugerido la necesidad de introducir algunos mínimos en la tributación de las herencias; pero Hacienda entiende que es un asunto complicado por lo que podría suponer de invasión de las competencias autonómicas.

Los sindicatos también plantean revisar el Impuesto sobre Sociedades para recuperar su potencia recaudatoria. La crisis sigue golpeando a este impuesto, cuyos ingresos se han desplomado por los malos resultados de las empresas; pero también la estructura del impuesto y sus deducciones permiten que la factura fiscal de las grandes compañías sea muy reducida (apenas el 10% de sus beneficios, frente a un tipo nominal del 30%).