En España e Italia hay sendas causas abiertas contra las agencias de rating bajo sospecha de cometer exactamente los mismos delitos: manipulación del mercado y abuso de información privilegiada.

Parecen historias gemelas. Y sin embargo, hay una diferencia abismal entre los dos países, ambos socios de la UE, ambos mediterráneos y ambos sufriendo embestidas simultáneas de los llamados 'mercados': en Italia, es la Fiscalía la que ha tomado la batuta, ha ordenado registrar las sedes de Moody's y deStandard & Poor's y ha pedido al supervisor que le aporte documentación sobre determinadas transacciones. En España, es sólo la acusación popular la que señala sin poder avanzar porque la Fiscalía se opone a todo lo que están impulsando sus colegas italianos.

La Fiscalía de Trani (Italia) es la que ha llegado más lejos en el intento de investigar a las agencias de rating, lo que no es ajeno a la singularidad de esta institución: no sólo es completamente independiente del Gobierno, sino que, además, tiene poderes tan amplios que puede ordenar registros e incautarse información. En España, en cambio, la Fiscalía tiene menos margen de maniobra y, aunque es formalmente independiente, tiene un vínculo originario con el Gobierno, en la medida que el Ejecutivo nombra al fiscal general.

En mayo de 2010, ante la primera gran oleada de ataques de los mercados contra la zona euro que precipitó el ajuste coordinado en toda la UE, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, se había mostrado partidario de 'investigar y combatir la criminalidad económica derivada de los ataques especulativos contra la moneda europea'. Pero hasta ahora el Ministerio Público se ha limitado a pedir la traducción de querellas análogas presentadas en EEUU y aportados a la causa en España y a emitir un informe contrario a cualquier investigación, pese a reconocer que el sistema que rige para las agencias de rating es muy imperfecto y que existe un nexo entre sus rebajas y un aumento del coste de financiación para el Estado.

En EEUU también han sido varios fiscales los que han liderado los intentos de investigar a las agencias de rating, entre ellos Richard Cordray, fiscal de Ohio hasta 2010 y ahora candidato de Barack Obama para dirigir la Agencia de Protección Financiera de los Consumidores. En EEUU, los fiscales de Estado son elegidos en elecciones y, por tanto, dependen de los ciudadanos y no del Gobierno para llegar al cargo.

En Portugal, con un sistema parecido al español, la Fiscalía no ha emprendido aún medidas concretas en la investigación de la querella presentada, como en España, por una acusación popular. Pero sí ha considerado que la investigación es 'prioritaria'.