El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha recordado hoy que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado y que si se plantea requiere su aprobación como ley orgánica.

Así lo ha explicado durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, al ser preguntado por la iniciativa presentada por el grupo popular en julio para que se reconozca legalmente "la condición de autoridad" de los docentes, de forma que se puedan tipificar penalmente las agresiones que sufran.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha comprometido hoy a presentar próximamente en el Parlamento autonómico su anunciada Ley de Autoridad del Profesor, que concederá a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".

Con ello, la Fiscalía podría perseguir de oficio los delitos cometidos contra los maestros y profesores, quienes, además, tendrían garantizado el derecho de presunción de veracidad.

José Antonio Alonso ha subrayado que su grupo es partidario de que los profesores gocen de seguridad durante el ejercicio de su profesión y para eso está impulsando un Pacto de Estado por la Educación con el consenso del resto de fuerzas políticas y de los colectivos implicados.

Para ello, ha insistido, debe haber un diálogo social con los sindicatos, los representantes de los profesores y los representantes de los padres, al mismo tiempo que un diálogo político.

Tras reiterar que la elevación a autoridad es algo que compete al Estado, ha insistido en que su grupo está dispuesto a dialogar sobre cualquier cosa que permita "de manera razonable y sensata" mejorar la situación en la que ejercen su labor los docentes, un colectivo que "hace su trabajo de manera extraordinaria y cumple una función social que hay que poner en valor día tras día".