Las asociaciones de jueces se mostraron el martes dispuestas a negociar sus reivindicaciones con el nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, aunque aseguraron que se mantendrán "firmes" en sus exigencias.

Los representantes de las asociaciones comparecieron en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar las razones que motivaron la huelga del pasado 18 de febrero, la primera de la historia del país.

El cambio de ministro ha devuelto a los magistrados la confianza en el diálogo con la Administración central. Al respecto, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, marcó como objetivo de la negociación que sus reivindicaciones "se plasmen en un papel".

"Esto no supone que la asociación no tenga la firmeza y la intención de pedir y de tratar de conseguir que esto se alcance en un lapso de tiempo razonable", matizó, para advertir de que su asociación no renuncia a la huelga del 26 de junio si el Gobierno no escucha sus argumentos.

Entre las quejas de los magistrados figuran la modernización del sistema judicial con la asimilación de las nuevas tecnologías, la conciliación de la vida laboral o seguir controlando el señalamiento de los juicios, competencia que reclaman los secretarios judiciales.

Respecto a la posible huelga de jueces anunciada para junio, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, destacó que la huelga todavía no ha sido convocada y que su realización dependerá del "espíritu negociador" del nuevo ministerio.

"Es un derecho que no queremos ejercer, pero nos hemos visto obligados. Por lo tanto, una vez hecho, puede haber una segunda. No deseamos que llegue ese momento y esperamos que de aquí a cuatro meses, incluso antes, tengamos abierto suficiente el diálogo con el nuevo ministro", añadió Sexmero.

Los grupos parlamentarios agradecieron el cambio de actitud, aunque también apelaron a la responsabilidad de la judicatura.