El magistrado-juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, a quien la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido hoy cautelarmente de sus funciones, se considera "víctima de una campaña de hostigamiento y de acoso y derribo".

Así lo asegura Calamita en un escrito remitido a Efe el pasado sábado, antes de que el CGPJ le suspendiera como consecuencia de la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de una querella por presunto retraso injustificado en un expediente de adopción iniciado hace casi dos años por una mujer que quería adoptar a la hija de su compañera sentimental.

En el escrito, el magistrado señala que nunca ha retrasado "a propósito" ningún expediente, que el que ha motivado la querella "no goza de preferencia legal alguna" y que ha procurado buscar lo mejor para la menor.

Comenta también Ferrín Calamita que, con ese objetivo, recabó varios informes de peritos, y revela que "en julio, haciendo uso de la facultad que la Ley otorga a cualquier juez, iba a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción".

"Parece ser que no se me va a permitir; si eso es retrasar un asunto, todos los jueces que están planteando cuestiones de inconstitucionalidad por la reforma del Código Penal por la Ley de Violencia de Género estarían también retrasando a propósito la terminación del proceso penal, pero es evidente que no es así", añade el juez.

Ferrín Calamita indica asimismo que desde al menos 1995 padece "de distimia", una alteración del estado anímico, y estrés laboral, "por dar prioridad al trabajo frente a lo demás, por querer llevar al día los distintos órganos jurisdiccionales" por los que "he pasado".

"Craso error, que, aunque un poco tarde, ahora procuraré rectificar", agrega.