El juez de Barcelona que ordenó la entrada y registro en la sede de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) no acordó que se precintara la entidad, aunque finalmente los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta con la Guardia Urbana, sí lo hicieron.

En el auto, el titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona da la razón a las quejas planteadas por la Asociación Cannábica y remarca que cuando ordenó a los Mossos la entrada y registro de la sede de la entidad, en el marco de una investigación relativa al tráfico de marihuana, no acordó que se procediera al precinto de la entidad.

En su escrito, el juez subraya además que ni siquiera en el acta levantada por el secretario judicial tras la actuación policial, llevada a cabo el pasado jueves, se hace referencia a que el local pudiera haber quedado precintado.

Los Mossos y la Guardia Urbana irrumpieron por orden judicial el pasado jueves 22 de marzo en la sede de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo.

Allí detuvieron a una encargada, identificaron a otros cuatro trabajadores, se incautaron de 1,3 kilos de marihuana y dinero en metálico, documentación y material informático y acabaron precintando el local.

Después de que la detenida quedó en libertad el mismo jueves por la noche, los abogados de la entidad presentaron un escrito al juez para que les autorizara a volver abrir el local, lo que finalmente pudieron hacer ayer sábado por la tarde tras recibir el permiso del magistrado.

En el auto en el que el juez ordena el desprecinto del local, el titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona señala que, para evitar perjuicios 'desproporcionados', no está justificado mantener el precinto porque los elementos de interés para la investigación ya habían sido intervenidos.

El juez también indica en el auto que la documentación intervenida por la policía, relativa a socios, trabajadores y a la administración, no forma parte del objeto de la investigación, que se limita al tráfico de marihuana.

Toda esta documentación también fue devuelta ayer a los responsables de la Asociación Cannábica, objeto de la operación policial a poco más de dos semanas de una fecha clave para sus miembros.

El 10 de abril, el pequeño municipio de Rasquera (Tarragona) votará en una consulta popular la propuesta promovida por esta entidad para instalar una plantación de marihuana gestionada por la mencionada asociación.