El próximo lunes se inicia el juicio en Sevilla por la violación y asesinato de Marta del Castillo, lo que pondrá a prueba de nuevo el tratamiento informativo del caso y reavivará el debate sobre la protección de los derechos de los menores en televisión.

El juicio, para el que ya se han acreditado 150 periodistas y 40 medios de comunicación, se desarrollará del 17 de octubre al 30 de noviembre bajo estrictas medidas , entre las que figura la prohibición de acceder a la sala con portátiles, dispositivos electrónicos ni equipos de grabación, así como el veto a la entrada de fotógrafos a las sesiones.

Además, para "minimizar" el efecto de la grabación de los acusados y testigos mientras estén declarando, solo se permitirá tomar imágenes de los mismos de espaldas y la cámara de señal institucional de televisión se situará en la posición que "tendrían los ciudadanos mejor situados dentro de la sala de vistas en espacio destinado al público".

Esto va en contra de la solicitud de Samuel Benítez, el único de los cuatro acusados que ha pedido que se prohíba entrar a las cámaras en la vista oral.

El tribunal abordará delitos cuya naturaleza sexual contra una víctima menor de edad en el momento de los hechos hace necesario que se respete "cuidadosamente" el cumplimiento de los derechos al honor, la intimidad y la dignidad de Marta, según el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Este órgano andaluz ha elaborado un listado de recomendaciones para recordar que "la información es un derecho, no un espectáculo ni un instrumento al servicio del entretenimiento", y evitar así situaciones como las detectadas en las semanas siguientes a la desaparición de Marta, que terminaron con la condena de un juzgado de Sevilla a Telecinco.

Ya en febrero de 2009, un mes después de la desaparición de Marta, el CAA elaboró un informe general sobre el tratamiento informativo del caso en sus primeras semanas; en él, el Consejo denunció la "espectacularización" y el escaso rigor de los medios audiovisuales analizados.

El CAA criticó también que casi todos los medios vulnerasen los "principios y códigos éticos al recurrir a la implicación emocional del espectador, al alargamiento innecesario de la información, a la difusión de rumores y a un uso abusivo de elementos dolorosos".

En total, el Consejo contabilizó 2.836 escenas de duelo, violencia, imágenes de la víctima y de los acusados y de testimonios circunstanciales, y señaló especialmente a Telecinco, por difundir diversas entrevistas realizadas a una adolescente de 14 años relacionada con uno de los imputados.

Concretamente, la menor aparecía identificada y a cara descubierta en tres espacios de esta cadena ("El programa de Ana Rosa", "Rojo y Negro" y "Está pasando"), en los que se la presentaba como la novia del supuesto asesino de Marta, Miguel Carcaño.

Por estas imágenes, la Fiscalía presentó una demanda civil contra Telecinco y las productoras Cuarzo Producciones y Mandarina Producciones, por considerar que existía una "intromisión ilegítima en su intimidad", que no tenían ningún "interés público" y que nada justificaba su presencia, salvo por "elementos espectaculares o morbosos".

El Ministerio Fiscal consideró "especialmente perjudicial" la aparición de esta joven, que respondió a preguntas sobre su vida íntima sin ningún mecanismo para difuminar su rostro, pese a ser menor de edad.

La demanda prosperó en los tribunales y la indemnización se fijó en 100.000 euros, por una intromisión en su intimidad y derecho a la imagen.

Por todo ello, durante el próximo mes y medio, el caso de Marta supondrá un nuevo examen de ética y derecho de la información para los medios y, en especial, las cadenas de televisión.