El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha comprometido hoy a tramitar la declaración de reparación y reconocimiento de la figura del presidente de la Generalitat Lluis Companys, ha afirmado el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y participación de la Generalitat, Joan Saura.

Éste y la nieta de Companys, María Luisa Gally, han entregado al ministro la petición para la reparación y reconocimiento del presidente catalán, fusilado en 1940.

Tras la reunión, Saura ha recordado que Companys fue "el único presidente democrático de Europa que fue fusilado", por lo que "el objetivo final" es la anulación del juicio, para lo que consideran necesario tener esa declaración y el reconocimiento del Gobierno de su figura.

La nieta ha presentado al ministro el dossier, que incluye todo el proceso del Consejo de guerra, la sentencia, el decreto de incautación de bienes y una biografía de él, así como una carta.

Saura ha destacado la importancia "política y simbólica" del acto y ha precisado que Fernández Bermejo les ha garantizado "una celeridad importante" para, "no por silencio positivo, sino por una declaración expresa", ese reconocimiento y reparación de Companys.

Gally ha afirmado que la familia se acoge "a este camino que nos ofrece la ley", ya que lo que quiere es que el honor de su abuelo, que "fue un hombre absolutamente honorable, quede en su lugar y que no se olvide nunca que fue vilmente asesinado".

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha señalado que la petición se suma a las 138 que tienen en trámite y que ahora se trata de comprobar lo ocurrido, y ha destacado "la notoriedad" del caso de Companys.

En un plazo "muy breve", ha continuado, ésta y el resto de peticiones serán resueltas con la declaración de ilegitimidad "como está previsto en la ley" de Memoria Histórica.

Ha precisado que han recibido la petición "con mucho respeto, con emoción y sin rencor" y recordado que también se puede hacer de forma telemática o por correo.

Pérez ha indicado que las personas que obtengan esa declaración "harán el uso que consideren conveniente" y que se trata de una declaración "fundamentalmente moral y política, que deshace y destruye la apariencia de legitimidad que pudieran tener aquellos actos de persecución a personas concretas".

Companys, ha recordado, "no fue objeto de un acto puramente físico, sino que su ejecución se rodeó de una apariencia de legalidad, que es lo que la ley quiere destruir y producir un reconocimiento a los afectados".