La ley los ampara, hay alcaldes que no

El sol golpea el pañuelo verde que recubre la cabeza de Marian (nombre ficticio). Camina agarrada por una estrecha calle del brazo de su hijo pequeño. Su marido está en la cárcel y ella habita desde hace más de un lustro en la Cañada, barrio mayoritariamente musulmán de Melilla. Han sido varias las veces que ha intentado empadronarse para ejercer sus derechos como vecina y nunca lo ha logrado. Es marroquí, no tiene papeles y teme la expulsión. Por eso, prefiere ocultar su nombre.

El gobierno de la Ciudad Autónoma (PP) le pedía el permiso de residencia para poder acceder al padrón, lo que está fuera de la ley porque basta con el pasaporte. Esta situación, según pudo constatar este periódico, afecta a decenas de personas y al menos en un caso (aún no resuelto) ha llegado a los tribunales. Como consecuencia, no tienen acceso a la sanidad, ni a la asistencia jurídica gratuita y se dificulta la escolarización de sus hijos. El ejecutivo de Melilla no respondió al requerimiento de este periódico para que aclarase su actitud.

El caso de Melilla, aunque paradigmático porque pone a prueba las leyes españolas al ser un territorio (es la frontera) al que acceden miles de extranjeros todos los días, no es aislado en España. El ayuntamiento de Logroño (PSOE-Partido Riojano) también impide el empadronamiento de extranjeros merced a un curioso criterio instaurado en la época de gobierno del PP y que la nueva corporación no se ha molestado en cambiar.

Tratamiento de “turistas”

El consistorio entiende, en contra de la normativa, que los extranjeros que acuden a empadronarse con el pasaporte, el requisito legalmente exigido, son turistas. Una resolución de 2005 que deniega el alta según este criterio obra en poder de este periódico. La Rioja Acoge asegura que se sigue produciendo y alude a un caso de febrero de 2008. Denuncian además que el problema es común y afecta a decenas de inmigrantes. El ayuntamiento de Logroño contestó a Público que era un tema delicado y que no lo iba a tratar hasta pasadas las elecciones. Sin embargo, en una respuesta al Defensor del Pueblo en 2005, negó que existieran problemas y aseguró que sólo hubo pegas en el 2,3% de los casos. No especificaba cuántos eran.

Además de estos dos municipios, existen situaciones similares en Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela (Madrid), Ceuta, Torrepacheco (Murcia), Cómpeta (Málaga), y Aduna y Portugalete (País Vasco), según el rastreo que ha llevado a cabo este diario entre ONG y el Defensor del Pueblo. Esto no excluye que suceda en más localidades.

Sanidad y escolarización

Al no existir en los registros, Marian tampoco tiene derecho a la Sanidad. Cuando tiene que ir al médico, se lo paga o va a Urgencias, donde la atienden para disgusto de Miguel Arias Cañete. A pesar de no estar empadronados, sus hijos tienen tarjeta sanitaria y van a la escuela. Las autoridades sí aplican las leyes de protección del menor y de escolarización obligatoria, aunque, según ha documentado la ONG Prodeni, existen más de 20 casos en los que no se ha escolarizado a los niños.

“En el padrón deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras [...], tengan o no regularizada su situación”. Son palabras escritas por Manuel Ángel Aguilar, adjunto segundo del Defensor del Pueblo, en una respuesta a una queja recibida desde Logroño.  Ya le gustaría a Marian que fuera así.

HASTA CUATRO VECES LO INTENTÓ 

La última vez que lo intentó acudió acompañada por este diario. Y como las otras tres veces, fracasó. No está empadronada a pesar de llevar 12 años viviendo en Melilla. Tiene dos hijos nacidos allí, uno de tres años y otro de nueve, que ya va a la escuela y es del Real Madrid. Ambos tienen tarjeta sanitaria, pero ella no. “Me puse mala de la garganta y tuve que pagar el médico”. Cuenta que como en Melilla  es demasiado caro, fue a Marruecos, su país. Le costó el viaje y unos 20 euros. Y así todas las veces.

Su hermano y su hermana son españoles. En la oficina de empadronamiento, tras preguntarle dónde vivía, le exigieron el DNI y le dijeron que volviera con su hermano, el que tiene nacionalidad española. Ella insistió en que no vivía con él, sino con su marido, que tampoco está empadronado, y con sus hijos en casa de su tía. La respuesta inflexible: que volviera con su hermano. Tiene miedo de que la expulsen y lo traslada a su familia. Su hijo mayor le preguntó que si los periodistas éramos policías. No quiere dar su nombre por esa razón. Empieza por R.

UNA HISTORIA DE DICKENS

No es la Inglaterra industrial de David Copperfield, es la soleada Melilla mediterránea del siglo XXI. Leila, que también se niega a que su nombre real aparezca en esta historia por miedo, está explotada, como los niños de Dickens.

No tiene ningún derecho –ni siquiera está empadronada– y vive en una casa cuidando niños, casi sus hermanos. Por esa dedicación exclusiva, le pagan unos 200 euros. Si tiene que ir al médico, se lo paga ella. Al menos, le compran las medicinas. Y así vive desde los 12 años. Desde que se escapó de casa, en Marruecos, porque la maltrataban, cuenta. Su madre murió cuando tenía 3 años. Lleva media vida ya aquí, tiene 25 años y sus costumbres son españolas. No sabe ni leer ni escribir en árabe marroquí, su lengua materna, pero aprendió en español y puede leer ahora los letreros y las revistas. “A Marruecos no puedo volver. No tengo contacto con mi familia. Estoy acostumbrada a esto. No me considero parte de otra vida”, explica en perfecto castellano. Cada vez es más consciente de su situación y, a veces, se deprime. “Pienso mucho. Antes, no. Los días van pasando y sigo  igual”. Quiere pelear y no puede, porque no existe. Excepto en una cosa. Sí le admiten sus escasos ahorros en un banco español.