La huella de la corrupción urbanística estaba a la vista de todos en el municipio malagueño de Alcaucín.

Sirva un ejemplo: al lado de un parque natural y de un frondoso pinar, en una zona de suelo rústico, donde sólo se pueden levantar casas de aperos, había ya en 2007 'nada menos' que 114 chalés y 67 piscinas de uso individual. Se puede leer en una de las denuncias de Ecologistas en Acción que puso a la Guardia Civil y la Fiscalía tras la pista del alcalde, el socialista José Martín Alba, detenido el viernes y acusado, en principio, de siete delitos.

El municipio supera por los pelos los 2.000 habitantes. Ecologistas y el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) habían contabilizado hace un año y medio 2.897 viviendas. La trama que se parapetaba tras el alcalde se detuvo a otras doce personas se dedicaba a vender las casas ilegales principalmente a extranjeros. Un chalé con piscina salía por 280.000 euros y una parcela de 1.000 metros cuadrados costaba unos 60.000. 'Es decir, se compite con otros suelos urbanizados que tienen ya cargas públicas y servicios instalados por la décima parte de su valor', se lee en la denuncia ecologista. Una parcela de 1.000 metros de suelo listo para urbanizar con todos los requisitos legales podía salir por 600.000 euros. 'Resulta muy rentable urbanizar suelo rural con precios de secano y con impuestos y tasas agrícolas', remacha la denuncia.

La trama, según la investigación, legalizaba posteriormente las casas mediante informes y certificados falsos que lograban alterar las inscripciones catastrales y registrales de las fincas, dándoles un barniz de legalidad. Además, según los ecologistas, el municipio estuvo funcionando durante años sin un plan urbano que racionalizara el crecimiento del pueblo y cumpliera con los límites al desarrollo que impone la legislación autonómica.

Las viviendas ilegales eran legalizadas mediante una 'dinámica de planes parciales' y la aplicación 'irregular' de las normas subsidiarias, por las que se regía el municipio. La consecuencia fue que el suelo urbano y el urbanizable ocupaban a principios de este año, según el GENA, una extensión prácticamente igual a la de toda la ciudad actual de Vélez-Málaga, que tiene 72.842 habitantes. La cartografía del ayuntamiento estaba anticuada y 'eliminaba de un plumazo todo lo construido en suelo rústico', según las denuncias.

La pata empresarial de la trama ahora desmantelada, necesaria para colocar los pisos ilegales, estaba conformada, según Efe, por las firmas malagueñas Crocasa y Alta Axarquía y otra de Huelva. Crocasa, que contaba con tres empleados en 2007, pasó de perder 334.072 euros en 2005 a ganar un año después 421.459. La firma, con un capital social de 6.000 euros, tenía deudas por valor de varios millones con tres bancos. La firma construyó, según las denuncias, un bloque de viviendas al sur de Alcaucín en suelos destinados a viviendas unifamiliares 'incumpliendo el plan diseñado para estas parcelas'.

Mientras, Alta Axarquía declaró pérdidas de 37.811 euros en 2004 y ganancias de 375.210 u año después.

El regidor, detenido mañana ante el juez

El alcalde de Alcaucín permanecía al cierre de esta edición, en Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, junto a otros detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra el próximo lunes.

21 denuncias, 27 impugnaciones

La Junta de Andalucía impugnó 27 acuerdos del Ayuntamiento de Alcaucín y tramitó 21 denuncias de particulares.

El PP ataca a la junta

El PP solicitará en el Parlamento andaluz pleno extraordinario para debatir la corrupción urbanística, según anunció ayer su presidente, Javier Arenas, que acusó a la Junta de 'mirar para otro lado'.