En los últimos tres años se han perdido 15.000 puestos de trabajo como consecuencia de la privatización de la Sanidad en toda España. De entre ellos, 2.600 se han destruido sólo en Madrid y sólo en los últimos cuatro meses. Así lo ha denunciado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Madrid, que asegura que la cifra pertenece a contratos de personal "de todas las categorías profesionales, en los distintos centros de la red sanitaria pública".

El sindicato asegura que ello se debe a "la aprobación, por parte del Gobierno [regional] del Partido Popular, del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid". El consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty fue el impulsor de esta reforma, anunciada por el presidente Ignacio González a finales de octubre del año pasado. La normativa fue definitivamente aprobada en diciembre, con el desarrollo de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la región.

Desde entonces, asegura CCOO, "entre el 1 de enero y el 1 de abril, la Consejería de Sanidad no renovó un total de 1316 contratos de trabajo". Por otro lado, contribuyen a la suma obtenida por el sindicato la suma de trabajadores despedidos en el cierre del Instituto de Cardiología (35), el ERE de la Agencia de Formación Laín Entralgo (87), la privatización de la parte no sanitaria del Hospital Puerta del Hierro (173), o el cierre de la Comunidad Terapéutica (Agencia Antidroga) de Villaviciosa de Odón y la privatización de los Servicios de Salud Mental de Moncloa y Arganzuela, que juntos supusieron el cese de 6 empleados más. 

Además, Comisiones contabiliza el número de despidos previstos con órdenes ya dictadas por parte del Gobierno de la Comunidad aunque aún no se han materializado por completo. Este es el caso de la privatización de los servicios de limpieza de 18 centros sanitarios, cuyos pliegos se publicaron la semana pasada, que conllevará la eliminación de otros 300 puestos de trabajo de profesionales no sanitarios.

Por último, este miércoles se hará efectiva la "jubilación forzosa" de trabajadores de distintas categorías (sanitarios y no sanitarios) que hayan cumplido los 65 años. Hasta ahora, estas personas podían prorrogar su contrato hasta los 70 años, pero Lasquetty limitó este derecho a sólo un tercio de las solicitudes tanto en el Plan de medidas de sostenibilidad como en el de Reordenación de Recursos Humanos del pasado mes de marzo. ¿La consecuencia? Otros 700 trabajadores -según estimaciones sindicales- se quedarán también en la calle.