Las conclusiones del informe de más de 3.000 páginas del magistrado Robert Francis, que dibujó con toda crudeza el escándalo del hospital gestionado por la Mid Staffordshire Trust en Reino Unido, son demoledoras: el sistema de Sanidad antepuso el interés corporativo y la rentabilidad económica por encima del interés de los pacientes. Una afirmación que llega en plena transformación del NHS, el Servicio Nacional de Salud británico. Tras 14 meses desde su anuncio y más de mil enmiendas, en marzo de 2012 quedó aprobada la mayor reforma del NHS en la historia reciente de Reino Unido, que únicamente afecta a Inglaterra, dado que en Irlanda del Norte, Escocia o Gales están transferidas las competencias. Uno de los puntos más polémicos de la reforma viene por la apertura de la Sanidad pública al sector privado, algo que en realidad no es del todo nuevo, puesto que una de cada 20 libras (23,5 euros) del gasto sanitario ya iba directamente al sector privado, en intervenciones quirúrgicas como implantes de prótesis de cadera o rodilla y, en mayor medida, en centros de salud mental.

 Cada centro tiene que alcanzar metas económicas y sanitarias

El objetivo del shock sanitario promovido por el que anterior ministro de Sanidad, Andrew Lansley, es fomentar la competitividad, según apunta el partido conservador, y para ello rompe por completo el modelo de los últimos años, heredado de la era Thatcher y su famoso informe Working for Patients (Trabajando para los Pacientes) de 1989. Hasta ahora, la gestión de los hospitales recaía en los trusts (Fundaciones), organismos descentralizados que administraban la mayor parte del presupuesto de manera autónoma, sin ninguna intervención estatal. Esta fórmula propiciaba que "no tengan absolutamente nada que ver la atención que se recibe en un hospital respecto a otro", explica David Alonso, un enfermero que hace dos años dejó su puesto en el hospital Gregorio Marañón de Madrid para trabajar en el NHS.

Alonso, que trabajó durante un año en el Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust, afirma que "el modelo inglés es altamente competitivo, puesto que los hospitales reciben más o menos presupuesto del Estado en función de si cumplen con una serie de objetivos marcados". Así, cada centro ha de alcanzar unas metas tanto económicas como sanitarias, dando especial importancia en éste último punto al control de las infecciones intrahospitalarias. Este modelo derivó en que muchas de las trusts hayan terminado por especializarse para así aprovechar las economías de escala, en detrimento de una mayor cobertura sanitaria.

Es el caso, por ejemplo, del hospital Royal Brompton, donde Alonso trabajó doce meses, especializado en cirugía cardiopulmonar. Por otro lado, la optimización de recursos parece haber derivado en estadísticas que llevan meses sonrojando al Ministerio de Sanidad: un informe publicado el año pasado en el Journal of the Royal Society of Medicine revelaba que los fines de semana la tasa de mortalidad en los hospitales ingleses se dispara. De hecho, un paciente tiene un 16% más posibilidades de morir en un mes si ingresa en domingo que si lo hubiera hecho un miércoles. Unos meses antes, en 2011, otro informe apuntaba que solamente referida a las admisiones en Urgencias, la tasa de mortalidad era del 7,4% durante la semana frente al 8,1% los fines de semana.

Oposición del colectivo sanitario

Con la reforma de Cameron, estas fundaciones están llamadas a desaparecer, recayendo mayor responsabilidad presupuestaria sobre los médicos de cabecera que podrán declinarla en entidades privadas. No es la única concesión al sector privado que, ahora, también podrá utilizar las instalaciones de los hospitales públicos. Toda la comunidad sanitaria expresó su frontal oposición a la reforma, incluso los propios médicos de cabecera, desde cuyo colegio advirtieron de que "abrir la sanidad a cualquier proveedor cualificado no sólo traerá una fragmentación del cuidado sino además un sistema potencialmente de dos capas con acceso a una atención determinada sólo a aquellos pacientes que se lo puedan pagar".

Otra de las consecuencias directas de la reforma es el despido en los próximos dos años de 20.000 directivos y personal de administración, lo que le costará a las arcas del Estado 1.000 millones de libras, a los que hay que sumar 400 millones más destinados a nuevos consorcios y modernizaciones en los sistemas informáticos. Un gasto, sin embargo, que los tories advierten que procurará ahorros de hasta 5.000 millones de libras para 2015. Cifras que a Lansley le valieron el título del "peor ministro de Sanidad" desde que se creara el NHS en 1948, según el sindicato sanitario Unite.

La reforma sanitaria prevé 20.000 despidos de directivos y personal de administración

A pesar de que su experiencia es positiva -"depende muchísimo del trust en el que caigas"- Alonso asegura que "en líneas generales la sanidad española es mejor que la inglesa, aunque es cierto que tenemos menos conciencia del gasto". El enfermero explica que "si en España se realiza toda una batería de pruebas diagnósticas para descartar cualquier cosa, aquí se va mucho más al detalle". Tras haber trabajado en ambos sistemas, el enfermero defiende la necesidad de mejorar el español, "pero la privatización no es la respuesta y mucho menos la pérdida del respeto al profesional, que es lo que está sucediendo en España". Alonso explica que "mientras aquí potencian el desarrollo profesional -a mí me pagaban un curso de UVI de un año-, en España ven la sanidad como un agujero negro y, después de muchas consultorías, el Gobierno todavía no tiene un plan definido, con 17 servicios de salud distintos que no pueden ni compartir la historia clínica única".

Negligencias y mordazas

El modelo de gestión británico basado en fomentar la competitividad entre los centros no parece haber cosechado los resultados deseados, incluso, con estimaciones de haber incrementado sus costes hasta entre cuatro y cinco veces más. La presión ejercida desde las gerencias de los hospitales para cumplir objetivos económicos tampoco parecen haber ayudado y, así, según los datos facilitados por la NHSLA, la Autoridad de Litigios del NHS, el número de reclamaciones por negligencias médicas se disparó más de un 30% del ejercicio 2009-2010 al 2010-2011, saltando de 6.652 quejas a 8.655. Cifras todavía más reveladoras si se retrocede al año 2005-2006, cuando las reclamaciones no llegaban a las 5.700.

La consecuencia directa de muchas de estas reclamaciones se traduce en un impacto negativo en las cuentas públicas, que han de hacer frente al coste de procesos judiciales y, en muchos casos, al pago de indemnizaciones. Sólo en 2010-2011, el NHSLA pagó casi 730 millones de libras (más de 850 millones de euros), un 12% más que en el ejercicio anterior. A pesar de las cifras, estas negligencias no siempre ven la luz, puesto que el modelo compartido por buena parte de las trusts es el de la mordaza, el de aplicar cláusulas de silencio en los contratos del personal sanitario, impidiendo así que destapen cualquier asunto que pueda empañar la imagen del NHS (incluso prohibiendo expresamente la firma de estos mismos contratos de confidencialidad). Así lo denunciaron el doctor Phil Hammond y el periodista Andrew Bousfield en su reportaje "Disparar al mensajero", publicado en The Private Eye. El reportaje ilustra con todo lujo de detalles cómo se utiliza el dinero público para ocultar negligencias médicas, con casos reales de hospitales que gastaron 440.000 libras (513.000 euros) en su personal a cambio de incorporar ‘cláusulas mordaza' o de compensaciones de hasta 156.000 libras (182.000 euros) a un cirujano infantil a cambio de su silencio.

En 2005, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) hizo la recomendación de eliminar las cláusulas de mordaza, pero continúan siendo una práctica habitual, hasta el punto de que según los datos del Tesoro en 2010-2011 se aprobó el pago de 105 pagos de este tipo, superando los 2,4 millones de libras (2,8 millones de euros). No es el único dispendio público que se realiza para no hacer públicos los escándalos sanitarios, puesto que el artículo describe cómo los centros asfixian económicamente a los profesionales que se atreven a demandar al hospital, presentando recurso tras recurso hasta que el demandante agota su dinero en costas judiciales.

La atención al paciente no ayuda al ascenso

Tras el escándalo del hospital de Stafford y las conclusiones del demoledor informe de más de 3.000 páginas del magistrado Robert Francis, el primer ministro David Cameron anunció algunas nuevas medidas. La primera de ellas es una ola de inspecciones y controles de calidad en el sistema sanitario. Unos controles, por otro lado que ya se habían producido años atrás contratando para ello a consultoras privadas.

Es el caso del propio hospital de Stafford, para cuya trust la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó una exhaustiva auditoría en 2008, esto es, en pleno período durante el cual se produjeron 1.200 muertes como consecuencia de negligencias médicas y tratos vejatorios. El informe de PwC, por el que según Bousfield la trust llegó a pagar casi 234.000 libras (unos 272.000 euros), concluyó que casi el 90% de los pacientes encuestados calificaban de "excelente" o "buena" la atención recibida en el centro.

En 2008 se produjeron 1.200 muertes como consecuencia de negligencias médicas

Asimismo, Bousfield acusa a la consultora de decir "lo que el consejo de administración quería escuchar", concluyendo que "la tasa de mortalidad del trust no parece ser elevada", a pesar de que fue lo que encendió todas las alarmas. La periodista Harriet Sergeant es otra de las especialistas en investigar el NHS. Hace ya una década realizó un informe para el think tank Centro de Estudios Políticos, titulado Gestionar la no gestión, en el que ya denunciaba muchos de los problemas que ahora han salido a la luz. Entre los puntos negros del NHS, la periodista destacó hace diez años "una carencia de herramientas básicas de administración; la desconexión de los gerentes de hospitales con sus centros; muchas veces trabajando en edificios separados con pistas de tenis o jardines japoneses; o el alejamiento de la atención a los pacientes por parte de las prioridades de la dirección".

Contrastando sus diez meses de investigación hace una década con los últimos acontecimientos, Sergeant asegura que "a pesar de sus 290 recomendaciones, el informe de Francis no ataja el problema principal: la politización del NHS". Desde su punto de vista, "el NHS continúa siendo una gigante estatal, con demasiada frecuencia impermeable para el público al que se supone tiene que servir". Sergeant critica el exceso de burocracia, que termina por hacer que "los gerentes ignoren las propuestas que se hacen desde el cuadro médico y de enfermería para, no sólo mejorar la calidad de la atención, sino incluso para ahorrar dinero". En su opinión, concluye, "se preocupan más por mirar hacia arriba que hacia abajo, porque mejorar la atención al paciente no ayuda a conseguir un ascenso".