Contra la costumbre de los jueces en ejercicio de no conceder entrevistas, el titular del juzgado de violencia contra la mujer de A Coruña, Miguel Filgueira, habla para Público sobre su labor diaria y sobre los límites de los instrumentos legales para frenar la violencia machista. También baja a la arena para replicar las denuncias de las integrantes de la asociación Ve-laluz, de nuevo en huelga de hambre desde el pasado lunes y que tienen en el sistema judicial una de las principales dianas.

Filgueira, que lleva desde 2005 trabajando en este ámbito específico, no se esconde en los formalismos del lenguaje jurídico y expone con claridad y contundencia sus puntos de vista. "El mensaje de 'mujer denuncia y se te abre un camino de rosas' es una hipocresía que lo único que lleva es a una doble frustración", esgrime. En su opinión, la —manida por los responsables políticos— invitación a denunciar, aunque es "adecuada", debe ir acompañada de una explicación sobre la complejidad del proceso penal y de una advertencia sobre la frustración que puede generar.

"Si una mujer ha sufrido violencia y luego se ve sometida a un proceso penal que no le da la razón, estamos ante una doble victimización; de esas cosas tenemos que ser conscientes", alerta. En este sentido, explica que las normas procesales pueden propiciar que se archiven casos que, para cualquier observador, pudieran parecen claros. "Pero o jugamos con las reglas, o las cambiamos o las rompemos. Y yo no las puedo romper y tampoco cambiar, eso ya es una opción política", argumenta. De hecho, apunta a la existencia de una corriente de opinión en el seno de la abogacía a favor de "hacer ceder la presunción de inocencia en favor de la protección de la víctima" en los casos de violencia de género.

Así, el magistrado considera que la labor "básicamente represiva" que les confiere la ley "debería ser en cierta manera residual" para abordar este problema. Matiza, eso sí, que tienen otra misión "fundamental", la de proteger a víctimas y menores en el inicio del proceso, a través de las medidas cautelares. "Cada vez hablamos más de los menores, menos mal, porque muchas veces los olvidábamos", admite.

Si una mujer ha sufrido violencia y  se ve sometida a un proceso penal que no le da la razón, estamos ante una doble victimización" "Con independencia de que hagamos lo que tengamos que hacer para reprimir el delito y establecer una sentencia, eso no va a salvar a la mujer, no va a solucionar problemas esenciales de la mujer maltratada", enfatiza. Las víctimas lo que necesitan —señala— es salir de una situación de violencia cronificada que ha acabado por anular sus "cualidades como personas". Y para ello, insiste, no basta con el proceso penal, sino que es preciso un apoyo multidisciplinar desde muchos ámbitos, "pero que sea real", concluye remarcando la última palabra.

De este modo, critica que la legislación estatal —"no así las autonómicas, que son más progresistas", puntualiza—"fíe toda la protección integral a una resolución judicial". "Cuando la mujer esté respaldada —desde los puntos de vista médico, económico, psicológico y social— va a estar en una disposición mucho más adecuada para afrontar todo el proceso penal, que no es un camino de rosas", defiende.

En todo caso, el juez de violencia de género de A Coruña constata que en estos delitos hay "un nivel de archivos apreciable", mayor que en otro tipo de ilícitos penales. Lo atribuye, en primer lugar, a la dificultad de prueba en los casos legalmente más leves, que son la mayoría de los que reciben, como puede ser una denuncia por amenazas en el ámbito privado. "¿Qué pasa, que la grave no nos llega? Quizá; hay bolsas de maltrato a las que no somos capaces de llegar", admite.

La segunda explicación que ofrece para este mayor porcentaje de asuntos archivados tiene que ver con la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que exime a los parientes de declarar contra el imputado. "Si la mujer llega aquí (después de una denuncia de la policía) y dice que no quiere declarar, se aboca al archivo de la causa", apunta. Incluso en casos en que un parte médico corrobora daños físicos "si ella no declara se puede tener por cierta la lesión, pero no la autoría ni la forma en que se produjo", añade.

"Si la víctima no declara, se aboca al archivo de la causa", lamenta

Miguel Filgueira no rehuye las duras críticas de la asociación Ve-laluz, integrada por víctimas de violencia de género, hacia el sistema judicial. Así, niega que los tribunales actúen de manera premeditada contra las víctimas, ni tampoco que represalien a las integrantes de esta entidad. De hecho, las invita a plasmar sus denuncias de prevaricación en una querella "y aporten documentos". "¿Qué pasa, que nos hemos vuelto todos —policías, abogados de oficio, fiscales y jueces— locos? ¿Que estamos confabulando o tenemos no sé qué ánimo oculto? A mí que me den una explicación porque llevamos muchos años trabajando y si estamos aquí no es por ánimos oscuros", afirma con tono amargo.

Por último, el juez alerta del efecto de estas campañas de descrédito, que califica de "gratuitas", sobre esas mujeres que están en una situación de maltrato cronificado "y para las que es muy difícil dar el paso y denunciar". "Si les llegan estos mensajes, ¿qué va a hacer? ¿Permanecer en esa situación silente?", se cuestiona.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.