Un grupo de activistas de Greenpeace bloqueó el jueves por la mañana la entrada de la central nuclear de Garoña, en Burgos, para exigir el cierre inmediato de la planta y la clausura de las otras siete centrales nucleares de la red, según anunció la organización en un comunicado.

Treinta manifestantes fueron detenidos junto a la central, la primera de las siete cuyos permisos de explotación tienen que ser renovados entre 2009 y 2011, dijo Greenpeace.

Algunos de los detenidos se habían encadenado a la puerta de la planta con pancartas que decían "Garoña, cierre ya" mientras que ocho manifestantes aún permanecen dentro de un contenedor que fue situado al amanecer junto a la entrada del recinto, según un comunicado de la ONG.

Un portavoz de Garoña dijo que sus trabajadores habían podido entrar en la planta y estaban desarrollando su actividad con normalidad.

"Este tipo de demostraciones desvirtúan los argumentos que se quieren defender", dijo un comunicado de la planta.

La organización ecologista asegura que la central de Garoña, inaugurada en 1971, está amortizada y sufre graves problemas de seguridad, dijo la ONG. Aunque su permiso de explotación expira en julio de 2009, la empresa operadora Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola, ha pedido una prórroga de 10 años.

Greenpeace reclama al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla la promesa electoral de reducir la dependencia del país de la energía nuclear en favor de las fuentes de energía renovables.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que regula la energía nuclear en España, dijo hace poco que la renovación de sus operaciones dependería de cómo introduzcan procedimientos más estrictos de seguridad, después de una serie de paradas no previstas para realizar labores de mantenimiento.

El CSN está trabajando en un informe de seguridad y viabilidad para la planta, situada en el valle del Ebro a unos 350 kilómetros de Madrid.

La industria nuclear española ha acaparado mucha atención desde que se conoció una fuga radiactiva en la planta de Ascó I en abril. El CSN determinó que la fuga fue gestionada de forma impropia y el Gobierno ha iniciado un expediente sancionador.