Nada que ver. La actitud del Gobierno catalán, que preside José Montilla, del PSC, dista de la contundencia con la que se ha empleado, por vía judicial, el Gobierno central para impedir la consulta soberanista que prevé celebrar el domingo Arenys de Munt.

El conseller de Política Territorial, el socialista Quim Nadal, aseguró que la consulta carece de 'valor legal' y por eso evitó pronunciarse sobre su contenido. Tras la reunión del ejecutivo aseguró que el Govern 'no tiene nada que decir'.

Quizás porque oscila de la simpatía de ERC con la consulta que querría hacer extensiva a todos los municipios nacionalistas y el recelo del PSC, que por boca de Manuela de Madre avaló la respuesta del Estado y confesó que en el contexto de crisis el debate 'identitario' causa 'estupor'.

Mientras, las juventudes de CDC, la JNC, aseguraba que, a diferencia de lo que pretende Artur Mas, animarán la celebración de consultas en todos los municipios en la línea de lo que el lunes se propuso ERC. La JNC instó al conjunto de CiU a hacer lo mismo.

Los consistorios de Caldes de Montbui y Calders, ambos en Barcelona y con mayorías de ERC y CiU, anunciaron su intención de seguir también la estela de Arenys y de, al menos, tres municipios más.

La filiación falangista que tuvo el abogado del Estado Jorge Buixader, ahora vinculado a entidades ultras como Peones Negros y que el lunes defendió el recurso contra la consulta, seguía levantando polvareda. El alcalde de Arenys aseguró que es como 'un ex-nazi en un juicio contra Israel' y Joan Ridao, de ERC, afirmó que tras el funcionario ultra 'está la sombra del Gobierno del PSOE'.