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Multa a casi dos millones de clientes sin limitador eléctrico

Las compañías incumplen la ley que obliga a instalarlo pero cobran el recargo en las facturas

FERNANDO VICENTE

Cerca de 400.000 clientes de Endesa en Andalucía y Extremadura están pagando cada mes entre 15 y 30 euros de más en su factura de luz. El recargo es en realidad una multa por incumplir la norma de instalar un limitador de potencia en sus hogares, el llamado Interruptor de Control de Potencia o ICP. En toda España, el número de afectados rondaría los dos millones de hogares, pero la cifra exacta no se conoce. Desde el 1 de enero del año pasado, todos los hogares deberían tener un ICP. Pero no fue hasta el pasado 15 de junio cuando el Ministerio de Industria publicó un procedimiento para multar a los que sigan sin tenerlo.

Sin cifras oficiales (las eléctricas remiten al ministerio, y este a la Comisión Nacional de Energía, CNE, que no aporta datos), sólo es posible estimar los enormes ingresos que la multa supone. De una población de 9,4 millones de andaluces y extremeños, 400.000 están pagando la multa; por una simple regla de tres, de los 46,7 millones de españoles, 1,98 millones la estarían pagando. Si el recargo va de 15 a 30 euros, los ingresos serían de 30 a 60 millones, que la CNE repartirá entre las eléctricas para compensar el déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico, reconocida por ley).

Un hogar sin el controlador paga entre 15 y 30 euros más en cada factura

Según los instaladores electricistas, la colocación del ICP ronda los 70 euros. A los que hay que añadir nueve euros más IVA para que la eléctrica compruebe y precinte el aparato. En la mayoría de los casos es mucho más, ya que se obliga a renovar buena parte de las instalaciones, al incumplir las nuevas normativas. Así, reconocen los electricistas, la media por hogar ronda entre 300 y 400 euros, pero hay casos que superan los mil euros. Además, la mayoría de los usuarios que aún no tienen ICP tienen contratos antiguos, para un consumo inferior al que se produce en los hogares de hoy día. Tras instalarlo, no les queda otra que cambiar su contrato y saltar a una tarifa más alta.

Mientras, las eléctricas están inmersas en otro plan para sustituir el parque de viejos contadores mecánicos por nuevos aparatos digitales. La ley dice que la operación debe estar completada para 2018 y que en 2010 debían haber sustituido al menos el 30% de ellos. Los nuevos contadores incluyen ya un ICP, por lo que todos aquellos que instalen ese aparato ahora se encontraran con que en un breve plazo no sirve para nada. Cientos de euros tirados por la ventana para unos ciudadanos que tras tres años de crisis ya no tienen más agujeros en su cinturón.

El aparato deberá ser reemplazado de nuevo antes de 2018 por uno digital

Ni al ministerio ni a las eléctricas les hace gracia que se relacionen ambos temas. "Son planes diferentes", dicen desde Industria, que añade que lo del ICP es un tema de seguridad. Y Unesa, la patronal eléctrica, también dice que el plan de contadores no tiene nada que ver con el de los ICP. Temen que sus clientes se enteren de que tienen derecho a exigir que les cambien ya el contador. "El coste de alterar nuestros planes de cambio de contadores sería altísimo", dicen, obviando el coste para sus clientes de instalar un ICP.

La asociación de consumidores Facua ha solicitado al ministerio que anule el plan. Con el Plan de Contadores "estaría cubierta la necesidad de colocarlos" y "es aberrante obligarnos a pagar por algo que mañana, pasado, o en unos meses, tiraremos a la basura", dicen.

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