Cárcel de Soto del Real en Madrid. 28 de julio de 2011. José Luis Rodríguez Neri, acusado de ser el presunto cabecilla de una trama que habría desviado 26,4 millones de euros desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hacia empresas controladas por su entorno personal y familiar, es el único de los imputados que permanece en prisión, de la que aún tardaría una semana en salir. Rafael Ramos, el otro implicado que ha pisado la cárcel, lleva por entonces más de una semana fuera, tras haber pagado una fianza de 150.000 euros. Pero a Neri el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le ha exigido el doble, 300.000 euros. Además, ha ordenado el bloqueo de cualquier intento de venta de sus bienes, los de su pareja, María Antonia García Pombo, e incluso los de su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri, según ha podido comprobar este periódico por los datos del registro de la propiedad. Mientras intenta conseguir los avales que le permitirían finalmente salir de la cárcel días después, el que fuera director general de la SDAE (filial tecnológica de la SGAE) se entera por los medios de que la gestora de derechos le ha apartado de sus funciones. Lo han dicho en rueda de prensa miembros de la SGAE y lo comprueba el propio Neri con los datos que solicita de su vida laboral.

¿Lógico? A él no se lo parece. No ha recibido notificación de despido, no se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia y además se le ha privado de acogerse al Plan Social para empleados de la SGAE que le habría permitido jubilarse de forma anticipada en otoño, como tenía previsto, con el 80% de su sueldo.

Estas son las razones que, según explicaron a Público fuentes que han tenido acceso al expediente, figuran en la demanda de conciliación laboral por despido nulo o en su defecto improcedente contra la SGAE que Neri presentó ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid el pasado 28 de julio. Según se ha comprobado por fuentes cercanas al citado servicio, se citó a Neri y a los representantes de la SGAE a un acto de conciliación para resolver el conflicto laboral entre ambos el pasado 19 de agosto. El acto no se celebró, lo que significa, explican las citadas fuentes, que o se produce un acuerdo entre las partes o Neri tendrá que acudir al juzgado en el plazo de 20 días si no quiere perder los derechos que dice le han sido vulnerados.

La ‘mentira' tras Hipotálamo

Siempre según las fuentes que tuvieron acceso al texto de la demanda de Neri, en esta se reconoce la existencia de una relación mercantil falsa entre la SGAE e Hipotálamo, la sociedad instrumental que cita en su auto el juez Ruz. Esta firma, propiedad 100% de Neri, habría sido utilizada para enmascarar el pago de la mayor parte de la remuneración que el directivo recibía cada año de la gestora de derechos.

Según el registro mercantil, la facturación de Hipotálamo de los últimos ejercicios era de 140.616 euros, que no corresponderían, según reconoce Neri en la demanda, a la prestación de ningún servicio. Es sueldo y como tal, al margen del proceso que se sigue en la Audiencia (llega a decir a Trabajo), reclama que se tenga en cuenta para la indemnización que le corresponde.

A esa cantidad habrá que sumar algo menos de 45.000 euros que constituyen el sueldo que cobra por el contrato de trabajo como director general de la SDAE, cargo que ocupó desde comienzos de 2001, y otros cerca de 40.000 euros anuales por otro contrato con la SGAE en calidad de director de Sistemas de la gestora que habría firmado a mediados de 2005.

Neri, que defiende en todo momento su inocencia de los cargos de los que le acusa el juez, cree que la SGAE ha eludido el pago de 45 días por año trabajado que corresponderían como indemnización por despido improcedente en los citados contratos, incluida la relación laboral ficticia. La imposibilidad de acogerse al citado plan de jubilación anticipada le supone una merma de ingresos de más de un millón de euros, que habría percibido desde el momento de acogerse al plan (Neri tiene actualmente 58 años) hasta cumplir los 65. El exdirectivo de la SGAE y de Microgénesis pide además una indemnización cercana a 300.000 euros por daños morales. En total, la reclamación de Neri a la SGAE por la relación laboral mantenida con la gestora ascendería a alrededor de 1,5 millones de euros.

Expertos en Derecho Laboral comentaron que la SGAE podría haber intentado acogerse a la "suspensión temporal de contrato que admite el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 45.g por privación de libertad del trabajador sin sentencia firme, pero que al dar de baja al trabajador esa opción habría perdido efecto".

La relación ficticia que Teddy conocía

El auto del juez Pablo Ruz ya apunta a Hipotálamo como una posible "sociedad instrumental que no ejercería por sí misma una actividad mercantil real, y que no sería más que un instrumento (...) para justificar la percepción de una serie de ingresos por parte de José Luis Rodríguez Neri". Con la demanda de conciliación laboral presentada, Neri reconoce que son ciertas las sospechas del juez, puesto que habla de una relación mercantil ficticia, y exige que la facturación de Hipotálamo se considere, a efectos de su indemnización, como parte de su salario.

El auto de Ruz prosigue en esa línea cuando dice que "la sociedad Hipotálamo tendría presuntamente como única finalidad la de canalizar una importante fuente de ingresos para el patrimonio personal de Neri y de su pareja María Antonia García Pombo". Ruz intuye que Hipotálamo es, por tanto, sólo una vía para hacer llegar a Neri una retribución mayor que la que recibe por sus cargos en la SGAE y en la filial tecnológica SGAE, "no habiéndose hasta el momento detectado la existencia real de los supuestos trabajos o servicios objeto de facturación", añade el auto. Hipotálamo tiene como objeto social la "asesoría y consultoría" y los "ingresos que se perciben provienen en su totalidad de la facturación con el grupo SGAE", explica Ruz. Dichos ingresos habrían llegado a sumar "1,23 millones en el periodo 2003/2010", pagos que presentan "las características de una nómina encubierta".

En una de las conversaciones telefónicas que se recogen en el auto, Neri informa a una persona llamada Natividad de que el cálculo de su salario bruto anual asciende a 313.000 euros, una cifra que quiere tener clara porque al día siguiente "quiere decírselo a Teddy", "para hablarlo mañana con el presidente". De esta conversación, el juez deduce que la remuneración mensual a Neri a través de Hipotálamo era "una práctica conocida y permitida por la SGAE y el propio Eduardo Bautista", añade el auto.