La agenda europea arranca 2012 condicionada por la crisis económica y financiera, que amenaza con sumir a la UE nuevamente en la recesión.

Dinamarca, que asume la presidencia rotatoria durante el primer semestre, considera prioritario recuperar la confianza de los mercados y sentar las bases que permitan retornar a una senda de crecimiento y creación de empleo.

Para ello, existe el consenso de que es imprescindible proseguir con los esfuerzos de consolidación presupuestaria y de reformas iniciados en 2011. El objetivo inmediato, por tanto, será concluir con éxito el acuerdo de convergencia fiscal alcanzado en la cumbre europea del 8 y 9 de diciembre.

Aunque se trata de un acuerdo internacional, y por tanto son los países signatarios los llamados a negociar sus términos, el texto resultante ha de ser compatible con los Tratados de la UE, razón por la que representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo han sido asociados a los trabajos de redacción.

El Reino Unido, el único de los 27 Estados miembros que ha rechazado desde un principio unirse al pacto, participa en calidad de observador.

El PE ya ha dejado clara su preocupación por el hecho de que se haya optado por la vía intergubernamental frente al método comunitario tradicional.

Los eurodiputados que participan en los trabajos mantienen que los objetivos del acuerdo son plenamente alcanzables a través de la legislación secundaria, mediante la reforma del pacto de estabilidad, por ejemplo, o del refuerzo de la gobernanza económica.

Consecuentemente, los tres representantes parlamentarios -el alemán Elmar Brok, del PPE, el socialista italiano Roberto Gualtieri y el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, del grupo liberal-, se han comprometido a trabajar para que los nuevos mecanismos se inserten lo más rápidamente posible en el marco UE a fin de asegurar su legitimidad democrática.

Mientras prosigue la redacción del nuevo tratado, el Parlamento elaborará sus propias propuestas para salir de la crisis y, ya dentro del procedimiento ordinario de codecisión con el Consejo, iniciará el debate sobre el refuerzo del paquete de gobernanza que entró en vigor en diciembre y proseguirá con la tramitación de otras propuestas legislativas pendientes, surgidas de la crisis que estalló en 2008.

Entre éstas se encuentran las relativas a créditos hipotecarios, derivados financieros y agencias de calificación crediticia, que podrían ser objeto de acuerdos en el primer semestre y que se unirán a las normas adoptadas en la primera mitad de legislatura sobre supervisión financiera y riesgo sistémico, bonus en la banca y ventas al descubierto.

Pero dos son las cuestiones que prometen dominar la agenda legislativa, sobre todo de cara a la segunda mitad del año: el nuevo marco plurianual financiero (2014-2020) y la reforma de las políticas agraria y de pesca comunes (PAC y PPC), también para el mismo periodo.

Son dos asuntos interrelacionados -ya que se trata, en última instancia, de un reparto de dinero-, y ambos revisten especial importancia para España, que posiblemente pase a ser contribuyente neto por primera vez desde su ingreso en 1986.

Las negociaciones en torno al marco presupuestario a largo plazo, o perspectivas financieras, primero en el seno del Consejo y luego con el PE, son tradicionalmente unas de las más duras y las del próximo sexenio no parece lo serán menos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis económica en que se desarrollarán y las tensiones políticas que ha generado el último "desmarque" del Reino Unido.

Los eurodiputados, que las negociarán por vez primera en pie de igualdad con los gobiernos gracias a los poderes que otorga el Tratado de Lisboa al PE, auguran que en los próximos meses se pondrá a prueba, una vez más, la solidaridad europea y, de manera más reveladora, el compromiso de los 27 con los objetivos de crecimiento "inteligente" que se ha marcado la UE en el horizonte de 2020.

Si, como cabe esperar, y esa es la determinación de los líderes europeos, la UE es capaz de sacar adelante sus planes sin que los mercados provoquen antes una ruptura de la eurozona, este año que se inicia con la preocupación inmediata de salvar el euro podría cerrarse con un acuerdo presupuestario que por fin coloque a la UE en el camino de la recuperación económica.