Ha sido el séptimo intento de ocupación de la Finca Las Turquillas y la Policía lo ha impedido. Los activistas del SAT solo han podido pasar un poco más allá de la puerta. Y aquí ha terminado la nueva intentona, podríamos concluir; pero sería una conclusión demasiado rápida; la verdad es que los jornaleros no han ganado esta batalla, pero los militares están perdiendo la guerra en esta finca, que les pertenece desde hace un par de siglos.

Y como señoritos terratenientes de hace un par de siglos siguen comportándose; mantienen esta enorme finca de 1.200 hectáreas y tres lagunas básicamente para criar unas decenas de caballos de pura raza y cultivar algunos cereales para recibir las subvenciones agrícolas de la UE. Estas subvenciones, desde que se han desacoplado y no se relacionan con la producción, son una forma más de especulación. 700.000 euros han llegado en el último año a Las Turquillas desde Bruselas. Diego Cañamero, que ha dirigido esta y otras ocupaciones de la finca, justifica la operación argumentando que está infrautilizada.

"Está en la Sierra Sur de Sevilla, que es una comarca deprimida, con 17 municipios, 80.000 habitantes y el 43% de paro. Ha producido este año un millón de kilos de grano y debería de haber alcanzado cuatro millones como mínimo. En esta zona las fincas que están en manos de las cooperativas o los ayuntamientos tienen producciones muy superiores. Las 180 hectáreas de la Turquilla que explota el Ayuntamiento de Osuna ha proporcionado mil jornales: más que todo el resto de la finca".

Sobre el terreno nadie defiende la afrenta social que significa la existencia de las Turquillas para los habitantes de la zona. No lo defiende ni siquiera el PP, que  incluye en  sus programas municipales y en el autonómico la cesión de la finca a los ayuntamientos para organizar su explotación. También el Senado ha aprobado una resolución en ese sentido, y por supuesto el Parlamento andaluz. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Pedro Morenés (como es notorio, está mucho más preocupado por los negocios del ejército en la compraventa de armas que por colocar en el mercado la pipa del girasol de Las Turquillas) se resiste a la reivindicación de los jornaleros. El Ejército lleva resistiendo muchos años.

"Hemos vuelto a poner sobre la mesa esta reivindicación, hoy 18 de julio", dice Diego Cañamero, "para recordar una fecha en la que se truncó la esperanza de los jornaleros que iban a conseguir tierras con la reforma agraria que estaba poniendo en marcha el gobierno legítimo de la República".

Han transcurrido casi 80 años y un espeso ocultamiento, pero algo ya se empieza a conocer de lo que hicieron los militares en aquellas fechas para impedir que los jornaleros consiguieran las tierras que entonces tampoco se cultivaban. De La Turquilla salieron las tropas que sembraron el terror por los pueblos cercanos.

Oficiales de este destacamento integraron un siniestro cuerpo paramilitar conocido como la caballería de Osuna; famoso porque su especialidad era hacer razzias por los cortijos y arrastrar por los campos, atados a los caballos, a los campesinos de izquierdas para fusilarlos a las pocas horas. Aquí no hubo guerra civil, entendida como enfrentamientos entre milicias. Aquí lo que hubo fue una matanza de civiles a manos de militares, guardias civiles, fascistas y requetés en la que se distinguieron los ilustres militares de Las Turquillas.

En una fosa común del cementerio de Écija, a pocos kilómetros, se han hallado 635 cadáveres que ilustran una parte de la matanza; los historiadores buscan otras fosas cercanas, porque está documentado que la finca fue un centro de prisioneros en los primeros tiempos de la guerra civil; o sea, cuando se fusilaba a los detenidos y se les enterraba en las cunetas sin reflejo documental.

No es cualquier finca la de las Turquillas cuando se trata de catalogar la  represión contra los jornaleros. La antigua y la nueva. Por la última ocupación del año pasado a 4 dirigentes del SAT (Cañamero y Gordillo incluidos) les cayeron 7 meses de cárcel.

"Tenemos en el sindicato", dice Cañamero, "550 militantes represaliados, nos piden 150 años de cárcel y casi un millón de euros en sanciones administrativas. En el año pasado hemos pagado 73.000 euros de multas y este año ya vamos por 46.000, a 13 compañeros de Martín de la Jara y Los Corrales les piden 60 años de cárcel por participar en piquetes durante la última huelga general... Esto nos parece una barbaridad y vamos a resistir, porque no se puede meter en la cárcel a la gente que lucha por la justicia y la dignidad. La libertad es sagrada y el Gobierno no la puede pisotear. Máxime cuando se trata de un Gobierno hundido en la corrupción y que está amparando a los verdaderos delincuentes".