Odyssey presenta sus alegaciones a la entrega de un tesoro a España

La empresa estadounidense Odyssey presentó hoy por escrito en un tribunal de Tampa (Florida) sus objeciones a la recomendación de un juez para que vuelva a España un tesoro valorado en más de 500 millones de dólares.

"Estamos descontentos con la recomendación inicial" del juez, pero sabemos que se trata de un caso complejo y que se trata de hechos "únicos", dijo en un comunicado Melinda MacConnel, vicepresidenta de Odyssey.

En el escrito, la empresa de exploración submarina impugna el informe y las recomendaciones del juez encargado del caso, Mark Pizzo, que dio la razón a España en su reclamación del tesoro de 500.000 monedas de plata y oro rescatado por Odyssey en el Atlántico en mayo de 2007.

A juicio de MacConnel, la recomendación orilla algunos puntos clave, por lo que, dijo, "estamos confiados en que los hechos y la aplicación de la ley serán favorables a nosotros" finalmente.

Naturaleza de la misión

Odyssey, con sede en Tampa, esgrime como argumentos contrarios a la decisión del magistrado Pizzo el hecho de que los "estándares legales aplicados en la revisión (del caso) son incorrectos" y que "no existen restos congruentes de un barco en el lugar" donde tuvo lugar el rescate del tesoro.

El barco transportaba más de 500.000 monedas de plata rumbo a Cádiz

Además, resulta un factor esencial para Odyssey la naturaleza comercial de la misión en que estaba comprometido el barco que transportaba el tesoro de monedas de plata y oro rumbo a Cádiz (España).

"Hay una prueba convincente y clara de la naturaleza comercial" del buque Nuestra Señora de las Mercedes en el momento de su desaparición en 1804, "lo que legalmente anula el principio de inmunidad soberana", señala Odyssey.

"Propiedad comercial privada"

El pasado 3 de junio Pizzo señaló en su informe que carecía de jurisdicción sobre el caso porque el tesoro proviene de un buque de guerra español, sujeto por lo tanto al principio de inmunidad soberana.

El magistrado recomendó entonces que el tesoro de monedas, en disputa desde hace más de dos años, fuese entregado a España.

Buena parte de la reclamación de Odyssey se basa en que la mayoría de las monedas del cargamento recuperado "pertenecía a mercaderes e individuos privados que pagaron unos honorarios por su transporte".

Como prueba, consta en la documentación, según la empresa, un total de 173 recibos de mercancía embarcada que prueba que cerca de un 75% de los envíos eran "propiedad comercial privada", por lo que el tesoro no debería ser entregado al Gobierno español.

Hundido desde 1804

El buque de guerra "La Mercedes" zarpó de las costas del entonces Virreinato del Perú y fue hundido el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve (Portugal) por barcos ingleses.

Aunque la recomendación inicial del juez es desfavorable a los intereses de Odyssey, su director general, Greg Stemm, ha expresado su confianza en el "sistema legal" estadounidense en esta fase o en los procedimientos posteriores de una apelación, "si fuese necesario.

Barcos ingleses hundieron 'La Mercedes' en 1804 frente a las costas de Portugal

Por otro lado, cerca de una treintena de descendientes de los mercaderes propietarios del tesoro marino que extrajo Odyssey el 18 de mayo de 2007 han presentado también alegaciones contra la recomendación del juez Pizzo.

El pasado miércoles, Jaime Durand Palacios y Elisa D. Whitlock, en nombre de un grupo de cinco descendientes, presentaron en el Tribunal del Distrito Medio de Florida una alegación en la que piden que el informe y las recomendaciones del juez sean rechazados.

Hoy, otros dos grupos numerosos impugnaron el informe y la recomendación del juez favorable a que el tesoro sea puesto en manos del Gobierno español.

España "nunca fue propietario"

En los documentos consignados a los que tuvo acceso Efe, los reclamantes sostienen que el tribunal estadounidense "tiene jurisdicción sobre el caso" y que se debe celebrar una audiencia "para considerar las reclamaciones de las 594.000 monedas" recuperadas por Odyssey del fondo marino.

Los reclamantes sostienen que el informe y la decisión del magistrado "elude lo obvio": que "la propiedad del buque está totalmente separada de la propiedad del cargamento".

El buque, señalan los reclamantes, "transportaba bienes privados en el momento de su desaparición", por lo que "España no es la propietaria de las monedas que formaban parte del cargamento que reclaman los descendientes" de los comerciantes propietarios.

Piden al tribunal de Tampa, en consecuencia, que acepte la jurisdicción sobre el caso y "no niegue las reclamaciones de propiedad de los descendientes". Lo contrario, aducen, sería premiar a España con un tesoro "del que nunca fue propietario".