El juez dictó ayer prisión incondicional sin fianza para las principales imputadas en la supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP), la ex gerente Antònia Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló. Según las investigaciones realizadas hasta el momento, los imputados mantenían una red de cobro de comisiones ilegales.

Ordinas y Rosselló, detenidas el pasado lunes por orden de la Fiscalía Anticorrupción y a quien se atribuye la presunta malversación de cinco millones de euros, se negaron a declarar ante el juez por consejo de su abogado, Eduardo Valdivia, porque la causa está bajo secreto sumarial y se desconocen las diligencias llevadas a cabo. Ambas imputadas comparecieron por separado ante el juez, en presencia de su abogado y del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

Viaene, tres días retenido

Respecto a otro de los imputados puestos ayer a su disposición, el ex director de Promoción Industrial, Kurt Joseph Viaene, el juez dictó detención judicial. Eso implica que Viaene, arrestado el viernes, ingresará en la cárcel por un tiempo máximo de 72 horas, periodo tras el cual volverá a comparecer ante el juez. Antes de que se destapara el caso, Viaene devolvió al Consorcio 19.000 euros después de que el Govern balear le exigiera que justificase el gasto o reintegrase el importe.

El juez de guardia dictó la orden de detención judicial  para que Viaene permanezca retenido por motivos de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 y que no se han desvelado, ya que el proceso se encuentra bajo secreto sumarial.

Las otras tres personas imputadas que prestaron declaración ayer ante el juez, quedaron en libertad con cargos. Sus identidades son éstas: Jaime J. Fernández Abad, administrador de la firma Sayju 2005 S.L. y Franco Galaica de Inversiones S.L.; su esposa, Daniela Beamont Napiera; y el administrador del Estudi Joan Rosselló S.L. y Fires Geremi S.L., Joan Rosselló.  Todos ellos están imputados por los mismos tres delitos: malversación, falsificación de documento y defraudación a la Hacienda Pública. En la llamada Operación Scala, que comenzó el lunes, hay ya 13 imputados.

La investigación del caso se inició el pasado abril, cuando los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio detectaron una presunta malversación de fondos del Consorcio por parte de Ordinas y de Viaene. El Consorcio, dependiente de la citada Conselleria, presenta una deuda de ocho millones de euros acumulada en la legislatura pasada.