La reestructuración de las cajas de ahorros, el recorte del gasto público, la reforma laboral... Nada parece bastante a ojos del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ayer pidió a un Gobierno que se enfrenta a una huelga general que, una vez metido en harina, no afloje. 'Lo que hace falta es seguir manteniendo la tensión reformadora, no caer en la denominada fatiga reformista, al menos hasta que no veamos, tanto a nivel español como mundial, no sólo una normalización de los mercados financieros y una recuperación sostenida del crecimiento, sino sobre todo una caída sustancial de las tasas de paro'.

En su discurso sobre El sistema bancario español, pronunciado en la presentación del Centro PwC-IE del Sector Financiero, Ordóñez aseguró que España está 'en el camino adecuado' y que hay que 'sentirse satisfechos porque se han dado unos pasos muy importantes'. Pero no basta. 'Nadie puede decir que ya hayamos salido de la crisis'.

El gobernador del Banco de España urge a cambiar el sistema de pensiones

La interrelación entre el mundo financiero y la economía real obliga a 'abordar reformas en otros ámbitos que contribuyan a la mejora de la confianza'. El recorte del déficit anunciado 'era inexcusable', pero es esencial, considera Ordóñez, 'que los objetivos se cumplan estrictamente' y 'que comunidades autónomas y ayuntamientos se impliquen seriamente'.

Otro aviso: la reforma laboral 'contiene avances positivos' pero 'es fundamental que estas posibilidades de mejora se aprovechen al máximo'. Ordóñez hacía así un llamamiento expreso a los empresarios para que utilicen los nuevos instrumentos (contratos con despido más barato, por ejemplo). Y el siguiente paso, que debe 'abordarse cuanto antes, es la reforma del sistema de pensiones'. Con todo ello, considera, se incrementará la confianza en el país, los bancos tendrán más fácil obtener financiación y en algún momento el dinero fluirá hacia la economía real.

Tras su intervención, Ordóñez advirtió de que la introducción de una tasa sobre los beneficios de las entidades financieras podría precisamente lastrar la concesión de crédito en España, informa Ep.