El acuerdo que suscribieron el PSE-EE y el PP en abril de 2009, que abrió las puertas de Ajuria Enea al socialista Patxi López afronta un complicado último año de legislatura, que va a estar marcado por las crecientes discrepancias que van a hacer patente los dos socios.

Hoy se cumplen tres años de la investidura de López como lehendakari, un cargo al que llegó gracias al Acuerdo de Bases para el Cambio que firmaron socialistas y populares y que tuvo como principal foco la lucha contra el terrorismo y la deslegitimación de la violencia en el seno de la sociedad vasca.

Éste fue el máximo empeño del Gobierno Vasco, especialmente en su primer año de legislatura, en el que apenas surgieron discrepancias entre socialistas y populares en materias como educación o política social.

El PSE-EE y el PP han ido perdiendo ese total entendimiento, o al menos eso es lo que han trasladado públicamente. La pérdida de apoyo social del PSE-EE en las elecciones locales y forales del 22 de mayo de 2011 abrieron "la caja de los truenos" entre los socialistas vascos.

Dirigentes como el presidente del partido, Jesús Eguiguren, o el ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, han abogado pública y abiertamente por romper el acuerdo con los populares, al considerar que su mantenimiento perjudica electoralmente a ambos.

Esta ruptura dejaría en minoría al Gobierno de Patxi López, ya que los socialistas cuentan con 25 de los 75 escaños del Parlamento Vasco, por lo que tanto el lehendakari como su portavoz, Idoia Mendia, han respondido en reiteradas ocasiones que la intención del Gobierno es agotar la legislatura.

Pero las discrepancias han subido de tono con las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central, especialmente las referidas a sanidad y educación.

Ayer mismo, el lehendakari anunció que el Gobierno Vasco presentará un recurso de inconstitucionalidad contra algunas de las medidas por considerar que invaden las competencias de la Comunidad Autónoma.

Este anuncio ha sido recibido por el PP vasco como un ejercicio de oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, e incluso el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, le ha advertido de que esa iniciativa judicial va a tener poco "recorrido".

A estas diferencias en materia económica y social se han unido también en los últimos meses los reproches del PP vasco al lehendakari por lo que algunos de sus dirigentes consideraban una escasa "pedagogía democrática" del lehendakari con el mundo de Batasuna.

López, y el PSE-EE, han venido reclamando en los últimos tiempos la legalización de una formación política de la izquierda abertzale, la libertad para Arnaldo Otegi y una política penitenciaria más flexible, algo que desde el PP vasco se ha considerado como un intento de centrar la política en la agenda de Batasuna.

Aunque en líneas generales la unidad en la política antiterrorista no sufre fisuras entre ambas formaciones y gobiernos, en los últimos días también se ha producido una discrepancia por la invitación al próximo congreso sobre Memoria y Convivencia de la presa de ETA Carmen Gisasola.

El Gobierno Vasco invitó a la ex dirigente de ETA, de la que se ha desvinculado, a dicho congreso, pero el Ministerio del Interior ya ha dicho que no le concederá el permiso para asistir.

Pero dos de los principales escollos que deberán afrontar populares y socialistas si quieren agotar la legislatura serán los presupuestos para 2013 y la tramitación de la Ley Municipal.

Si López quiere que las elecciones se celebren dentro de un año deberá negociar un proyecto de presupuestos que tendría que presentar este otoño, aunque también tendría la posibilidad de prorrogar los de este año.

Las previsibles dificultades por la recaudación de impuestos han alentado algunos comentarios sobre la posibilidad de que para evitar esos presupuestos restrictivos el lehendakari pudiera adelantar las elecciones, algo que, públicamente niega López y el PSE-EE.