El Tribunal Especial de lo Criminal de París condenó hoy a penas de quince años de cárcel a cada uno de los tres activistas de ETA procesados por extorsión a un empresario español, lo que la banda denomina "impuesto revolucionario".

Ana Miren Alberdi, Carlos Saez de Eguilaz y Cristina Goiricelaya han sido los tres condenados en el primer juicio celebrado en Francia por extorsión de fondos por parte de activistas etarras.

Los siete magistrados del Tribunal han dictaminado que cada uno de los tres deberá cumplir de manera efectiva al menos dos tercios de sus penas (diez años) en prisión y, una vez que las hayan purgado, tendrán prohibido permanecer en el territorio francés.

Después de casi cinco horas de deliberaciones y un escrutinio secreto los magistrados condenaron a los tres encausados por todos los delitos que se les imputaban y no han encontrado atenuante alguna, por lo que han respaldado plenamente la petición que la víspera había hecho el fiscal.

Ahora se abre un plazo de diez días para la presentación de recursos contra este fallo, que fue acogido con calma por los condenados, mientras entre el público algunos familiares y amigos gritaron "Gora ETA".

Aparte de extorsión de fondos, Alberdi, Saez de Eguilaz y Goiricelaya han sido declarados culpables de posesión y transporte de armas, uso de vehículo robado y utilización de documentos de identidad y matrículas falsos, todo ello con el agravante de que se ha realizado en el ámbito de una asociación de malhechores con fines terroristas.

Durante toda la semana el Tribunal, integrado por magistrados profesionales, ha analizado por primera vez el caso de una extorsión etarra llevada a cabo en suelo francés.

Se trata del pago que un empresario vasco del sector naval amenazado reiteradamente hizo en dos tandas de 72.000 euros cada una en noviembre de 2002 y enero de 2003.

Horas después de la segunda entrega, los tres condenados fueron detenidos en Dax (suroeste) y entre lo que se les encontró figuraba un sobre con 144 billetes de quinientos euros y un papel en el que figuraba una clave alfanumérica.

Descifrada, la clave permitió llegar hasta el empresario extorsionado que confesó ante la Justicia española haber hecho los pagos, aunque se ha negado a personarse ante el Tribunal francés por temor a que su nombre e imagen sean de dominio público.

Ello porque en documentos incautados posteriormente por la Policía en otras operaciones, ETA señalaba al hombre de negocios o a sus escoltas como los que eventualmente habían alertado a las autoridades.

Se trata de documentos encontrados durante la detención de activistas como Juan Ibón Fernández Iradi "Susper", María Soledad Iparraguirre y Aitor Cortázar.

En ellos también había alusiones a la pertenencia de los tres condenados hoy al aparato financiero, así como indicios de otras operaciones de extorsión, con nombres de las víctimas y los pagos realizados.

En estos días los magistrados han recabado información procedente de la Justicia y la Policía españolas y han contado con el testimonio de agentes franceses para conocer más acerca del modo en que ETA desarrolla sus actividades de extorsión.

Varias operaciones se han llevado a cabo en suelo francés con empresarios que cruzan la frontera desde España y abonan la cantidad exigida a activistas del aparato de financiación, conocido como "GEZI".