La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, defendió el lunes la creación de un polémico fondo con reservas del Banco Central, que disparó una batalla legal con la oposición y que podría dañar el plan oficial para que el país regrese a los mercados de crédito.

La puja legal, que afectó activos argentinos y sembró dudas sobre un previsto canje millonario de deuda incumplida, se prolongará varios días más, algo que según la agencia Fitch podría demorar esa operación, en un conflicto que acarrearía implicaciones negativas para la nota de los bonos del país.

"Se dilata la cuestión", dijo el abogado Félix Loñ al comentar la decisión de la juez María José Sarmiento, quien tras bloquear la constitución del fondo y reinstalar la semana pasada en la presidencia del Banco Central al economista Martín Redrado, que había sido echado por el Gobierno, ordenó el lunes más consultas para tratar la apelación oficial a sus fallos.

Pero Fernández cargó contra "algunos jueces", medios de comunicación y opositores, que según dijo parecen "boicotear" a su Gobierno, y sostuvo que el fondo con reservas sirve para garantizar el pago de deuda y asegurar éxito en el canje de bonos en cesación de pagos por 20.000 millones de dólares.

"Creamos este fondo para garantizar con nuestras reservas la deuda que tiene nuestro país para saldar en este año", dijo Fernández. "Argentina necesita imperiosamente salir del 'default' (...) para conseguir financiamiento más barato en todas partes del mundo".

La batalla legal estalló tras la decisión del Gobierno de destituir al presidente del Banco Central, acusándolo de "mala conducta" por no acatar la orden de Fernández de transferir al Ministerio de Economía unos 6.600 millones de dólares de las reservas.

Redrado, apoyándose en un consejo jurídico del banco, demoró la entrega del dinero al Gobierno, que lo destituyó por decreto y provocó una revuelta de opositores, que acusan al Poder Ejecutivo de atropellar al Congreso.

Legalmente, el Poder Legislativo debe participar de decisiones sobre deuda y remoción de un jefe de la autoridad monetaria.

La justicia, sin embargo, acogió la petición de Redrado y lo restituyó el viernes en su cargo, lo que provocó la ira pública del diputado Néstor Kirchner, esposo, asesor informal y antecesor de Fernández.

El caso, de alto voltaje político, llevó al Gobierno y a legisladores oficialistas a denunciar que existe una conspiración para debilitarlo, en la que incluyeron a Redrado y al vicepresidente devenido en opositor, Julio Cobos, quien convocó a una reunión del Congreso para discutir el caso.

La voluntad del Gobierno de hacerse con una porción de las reservas para afrontar el pago de deudas se produce en un marco de estrechez fiscal y aislamiento internacional de Argentina, que tiene virtualmente cerrado el acceso a los mercados voluntarios de crédito.

El país debe hacer frente a abultados vencimientos de deuda este año, de unos 13.000 millones de dólares, y según expertos le faltarían hasta 7.000 millones de dólares para cumplir esas obligaciones. Fernández dijo que Argentina no caerá en cesación de pagos este año.

Los analistas temen que la decisión de apelar a las reservas para pagar deudas alimente los ya elevados gastos oficiales y una inflación que superó el 15 por ciento en el 2009, según datos privados.

Algunos economistas también expresaron temores sobre la posibilidad de un embargo judicial a reservas argentinas en el caso de que sean cedidas al Gobierno por el Banco Central.

Inversores perjudicados por el masivo incumplimiento argentino de deuda del 2001/2002 buscan desde entonces un resarcimiento de la justicia para sus cuantiosas pérdidas.

"Vamos a continuar cuidando y protegiendo las reservas que son de todos los argentinos", dijo Redrado el lunes antes de entrar a la sede del banco.

Redrado no quiso opinar sobre la posibilidad de un embargo judicial en el caso de que el Banco Central traspase parte de sus reservas al Ministerio de Economía y dijo que "es un tema de absoluto cuidado que afecta los intereses de Argentina".

La disputa se produce a pocos días de que el país lance el esperado canje de bonos, que podría reabrir la puerta para que Argentina vuelva a obtener financiación externa después de ocho años de aislamiento.