No es acaso un reconocimiento de que ha habido importantes fallos en la gestión del secuestro del Alakrana la propuesta avanzada por la vicepresidenta Fernández de la Vega, en el sentido de crear un protocolo de actuación para el tratamiento de este tipo de incidentes? He aquí la fuente de los errores en la actuación oficial: la falta de una hoja de ruta, sobre todo después de que España hubiese sufrido tres incidentes durante este año.

En mayo tuvieron lugar otros dos hechos: la detención de siete piratas por el petrolero de la Armada Marqués de la Ensenada tras el asalto a un mercante panameño y de otros siete, un día más tarde, cuando intentaban atacar a un buque de Malta.

La fuente de los errores del Alakrana es la falta de una hoja de ruta

¿Cómo es posible que después de estos incidentes el Gobierno tropezara con la misma piedra? Es decir, detener a dos piratas del Alakrana y promover su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional. A diferencia de las detenciones del Marqués de la Ensenada, los hechos del Alakrana se desarrollaron fuera de la zona de seguridad de la operación Atalanta.

Y a diferencia de aquel caso, el barco era de bandera española y había 16 víctimas españolas. Es decir, existían bases para fundamentar el ejercicio de la jurisdicción española.

¿Es práctico ejercer esa jurisdicción? Se dice, sin explicar, que Francia también la ha ejercido. Los tribunales franceses lo hicieron una vez desbaratado un secuestro. No en medio del mismo.

La inexistencia de la hoja de ruta admitida por De la Vega no significa que el Gobierno improvisara, sino que se dejó guiar por propuestas carentes de perspectiva estratégica, que admitieron como inapelables los criterios de Defensa.

El Gobierno no fomentó un debate interno con los departamentos de política jurídica

El Gobierno no fomentó un debate interno con los departamentos de política jurídica que podrían haberle ayudado a evitar los errores. Había bases para ejercer la juris-dicción española, pero se podía optar por utilizar la cobertura de la operación Atalanta y entregarlos a Kenia. Pero la célula de crisis ni consideró esta posibilidad.

Hay un hecho simbólico que ayuda a interpretar lo que ocurría: el abogado del Estado presentó la denuncia del secuestro cuando los dos piratas ya estaban detenidos, pero en su escrito no hizo referencia a esas detenciones.

Solo después de que el juez Garzón abrió diligencias, tuvo conocimiento de las detenciones. ¿Y quién se lo informó? Pues la fragata Canarias que envió un fax directamente al juzgado que decía que, habida cuenta de que se habían abierto diligencias, ¡le comunicaba la existencia de los dos piratas detenidos! Se comprende que el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, intentara aclarar el entuerto.

En cuanto al PP, ya sabemos ahora que hubiera optado por otra perejilada. Pero en este caso el riesgo eran 36 personas, 16 españoles, y no unas cuantas cabras.