El grupo parlamentario socialista ha registrado en la Cámara vasca cinco enmiendas al proyecto de ley que regula los altos cargos del Gobierno Vasco, que buscan reforzar la "transparencia" y evitar "situaciones de compatibilidad de dudosa ética".

El proyecto de ley comenzó su andadura en el Parlamento vasco el 29 de enero tras su aprobación, el pasado 13 de noviembre, por parte del Consejo de Gobierno vasco.

El texto actualiza la regulación de los cargos públicos del Ejecutivo vasco, desde el lehendakari, pasando por los consejeros y puestos directivos hasta cargos eventuales y otros ligados a órganos consultivos.

Como novedad, el proyecto establece que los altos cargos del Gobierno Vasco no podrán desempeñar determinadas actividades durante los dos años siguientes a su cese.

Entre las enmiendas socialistas, a las que ha tenido acceso Efe, figura una en la que el PSE propone que también los altos cargos se abstendrán de intervenir en actividades, decisiones o iniciativas públicas, "en las que concurran o se favorezcan intereses propios", de sus cónyuges, parejas de hecho, de familiares de segundo grado de afinidad o consanguinidad "o intereses compartidos con terceras personas".

Asimismo, los socialistas piden que el órgano que tenga asignado el ejercicio de la inspección general en materia de personal deberá realizar, al menos una vez al año, "mediante muestro de comprobación la exactitud y veracidad del 50 por ciento de las declaraciones de los obligados a declarar".

En el proyecto de norma del Gobierno Vasco se mantienen los principios básicos de "dedicación plena y retribución única", es decir, que seguirá siendo incompatible el ejercicio del cargo con cualquier otra actividad, sin perjuicio de las permitidas en la propia ley o las que el Gobierno autorice por razones de interés público.

La retribución única prohíbe la percepción de cualquier emolumento con cargo a los presupuestos públicos, así como cualquier otra remuneración que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Según el proyecto, los cargos públicos tendrán prohibido desempeñar determinadas actividades durante los dos años siguientes al cese y en ese periodo, cada vez que inicien una actividad, lo deberán comunicar al órgano competente para su análisis.