El PSOE suma más causas abiertas por corrupción que el PP

El fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre las actuaciones de su departamento en el último año. Y derribó algunas de las críticas que el PP ha vertido en los últimos meses contra el funcionamiento de la Fiscalía. Concretamente, la de la doble vara de medir que se aplica a los políticos envueltos en procesos judiciales en función de las siglas a las que pertenecen.

A petición del PP, Conde Pumpido informó de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía contra miembros del PP y del PSOE. Los datos dejan en evidencia la estrategia de los conservadores. Teniendo en cuenta tanto los procedimientos ya judicializados como las diligencias del Ministerio Fiscal, en la actualidad hay en España 264 procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE, frente a los 200 del PP. Ambas cifras, sumadas a las que arrojan las del resto de formaciones políticas (ver recuadro) conducen a que en la actualidad se estén investigando en España 730 asuntos relacionados con el ejercicio de los cargos públicos. "En cualquier caso, se persiguen delitos, no se persiguen políticos", añadió el fiscal general del Estado dirigiendo la mirada a los diputados conservadores.

Conde Pumpido exhibió su preocupación por el hecho de que se haya llegado a plantear "la posibilidad de que los fiscales acepten sumisamente instrucciones u órdenes".

Para seguir ilustrando que socialistas y conservadores reciben el mismo trato judicial, el fiscal general recurrió a ejemplos concretos. Entre otros, citó el del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "contra quien pende una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", o el del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, cuyo sobreseimiento de la causa está "hoy pendiente de recurso de casación".

En este sentido, recordó que la "imputación delictiva de algún presidente de una comunidad autónoma no constituye ninguna novedad". Y refiriéndose a Federico Trillo, portavoz del PP en materia de Justicia, calificó de "natural" que "a veces se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos".

"Hemos evitado (...) cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal"

También se defendió de las acusaciones del PP de filtraciones a determinados medios de comunicación: "Hemos evitado (...) cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal, y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen".

En su turno de intervención, la estrategia de Federico Trillo fue la que ha mantenido el PP desde el pasado mes de febrero, cuando estalló el caso Gürtel. Así, aseguró que desde su partido echan en falta que la Justicia actúe con "imparcialidad".

Llegó incluso a asegurar que el PP tiene la sensación de que sólo se quisiera defender "la legalidad socialista". Todo, pese a que el fiscal general ya había trasladado a los diputados presentes en la Comisión ese informe en el que los socialistas superan a los conservadores en actuaciones fiscales abiertas.

Tras recordar a Conde Pumpido que "las diligencias de los fiscales anticorrupción" son de su competencia, Trillo hizo una enumeración de casos en los que, a juicio del PP, había existido doble vara de medir a la hora de tratar a unos y otros militantes. Entre otros, aludió al caso Faycán en Canarias o el Caballistas en Baleares. Trillo no siguió enumerando, pero se comprometió a remitir al fiscal general del Estado un listado de 114 casos que ilustran la "doble vara de medir".

En lo relacionado con las filtraciones, el portavoz de Justicia del PP se preguntó por qué todas han ido a parar a un mismo grupo de comunicación [en referencia a Prisa] y no se han tomado medidas. En respuesta a Trillo, Conde Pumpido le recordó que está a la espera, "como agua de mayo", de que la portavoz de los conservadores en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, haga público el informe que anunció sobre el trato discriminatorio que la Justicia propina al PP. "Si lo hiciera de forma rigurosa, seria y formal llegarían a la conclusión de que se está actuando con imparcialidad", subrayó mientras avisaba a los conservadores de que "no se puede demostrar lo indemostrable".