Irene de Miguel, secretaria general de Podemos Extremadura y portavoz de Unidas por Extremadura, denunció ante la Fiscalía a cargos PSOE por haberse vacunado irregularmente. Fue muy criticada por los socialistas. El presidente Guillermo Fernández Vara le llegó a decir que sus acusaciones eran "indecentes" mientras que defendía a los alcaldes por el trabajo que habían hecho durante la pandemia: "Es indecente, señora De Miguel –indecente–, desde su posición privilegiada, de los 3.000 euros al mes, hablar de la gente que no cobra un duro trabajando por sus ciudadanos, por la gente de sus pueblos". Cuatro meses después, la Fiscalía ha reconocido que los hechos que denunció De Miguel pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o falsificación de documentación oficial. La diputada se alegra de que se vayan a investigar los casos y lo hace con un tono constructivo que no se acostumbra a ver en la política actual. Reconoce el trabajo de los socialistas pero insiste en la gravedad de saltarse los protocolos de vacunación: "Es corrupción de la peor porque estamos hablando de poner en riesgo las vidas de las personas más vulnerables y de los que están en primera línea".

Usted fue muy atacada cuando denunció las vacunaciones irregulares, ¿cómo se siente ahora tras el informe de la Fiscalía?

Nosotras siempre creímos que estas vacunaciones podían ser constitutivas de delito y la Fiscalía nos da ahora parte de razón. Nos dice que hay que investigar y que hay que remitir los hechos a los Juzgados competentes. Para nosotras esto es una enorme satisfacción porque entendemos que se vulneraron los protocolos de vacunación y que eso es corrupción, pero corrupción de la peor que puede haber porque hablamos de poner en riesgo las vidas de las personas más vulnerables y de las que están luchando en primera línea contra el virus. Nos parece deleznable que autoridades públicas y políticas se saltaran la cola de las vacunas aprovechándose de sus cargos. Sí que fuimos muy atacadas cuando presentamos la denuncia y ahora toca dejar trabajar a los Juzgados, pero estamos satisfechas de que esto se vaya a investigar y porque esta corrupción no quede impune.

La Fiscalía archiva uno de los casos que ustedes denuncian. El caso es el de la directora del centro sociosanitario de Plasencia y concejala Soraya Cobos, ¿cómo lo valoran el informe?

Nosotras entendíamos que Soraya Cobos también se había saltado el protocolo porque se vacunó en un centro residencial que no era el suyo y porque fue mucho antes de tiempo. Mucho antes de que la gente de su propio centro recibiera las dosis. Por esto, entendíamos que también había utilizado su cargo político de alguna manera. La Fiscalía asume que es personal que está en primera línea y que es plantilla de un centro sociosanitario y que, por esto, podría tener derecho a vacunarse.

Pero, en general, estamos satisfechas porque la Fiscalía nos ha dado la razón sobre los cargos públicos, a los que reconoce que se vacunaron en centros sin formar parte de la plantilla. Y ha ido incluso más allá porque ha dicho que también reconoce indicios de delito por las personas del Servicio Extremeño de Salud (SES) que se encargaron de elaborar las listas oficiales de vacunación y de incluir a estas personas en los listados. Es decir, no solo pudieron cometer delitos los vacunados, también las personas que metieron a estos cargos en las listas.

¿Qué implicaciones cree que tendrá?

Nosotros lo que esperamos es que se depuren responsabilidades y que, si la Justicia tiene que imponer sanciones, que así sea. Aunque también creemos que tendrá que haber responsabilidades políticas. Sobre todo por las contestaciones que nos dieron a nosotros cuando planteamos esto. En ningún momento el PSOE asumió un poco de culpa o incluso de duda. Ni siquiera dijeron que lo investigarían internamente. Y, si hay personas que se están saltando el protocolo de vacunación y poniendo en riesgo la vida de otras personas más vulnerables, entendemos que por lo menos tiene que haber una investigación interna del partido. Dependiendo de lo que digan los Juzgados, estudiaremos lo que pediremos.

El PSOE ha sido muy crítico en otras zonas por las vacunaciones irregular, ¿no lo ha sido en Extremadura?

Estos hechos nos parecían aún más deleznables porque el PSOE miraba para otro lado. Era una de las cosas que dolía de todo el asunto porque en otros territorios estaba siendo mucho más exigente. El PSOE era el que llevaba casos de personas que se saltaban la cola de las vacunas hasta la Fiscalía en otras comunidades, como en Murcia o en Valencia. Aquí han decidido meter la cabeza debajo de la tierra como las avestruces. Y pasaron de decir 'aquí no pasa nada' a justificarlo porque el presidente Fernández Vara llegó casi a decir que los alcaldes tenían derecho a estar vacunados antes que nadie porque eran los que habían estado ayudando a los vecinos durante la pandemia. Y aquí nadie pone en duda todo el trabajo que han hecho los alcaldes y los concejales durante la pandemia por mejorar la vida de la gente de sus municipios. Pero ahora estamos hablando del proceso de vacunación, que tiene unos protocolos específicos. Y nosotros consideramos que nadie tiene que utilizar su cargo político para saltarse la cola porque, insisto, eso es corrupción de la peor.

¿Cómo ha sido la transparencia de la Junta?

Se ha actuado con mucha opacidad. No ha habido ningún tipo de transparencia. Los protocolos de vacunación no los conocíamos. Cuando los conocimos fue por una filtración porque habían modificado una frase de los protocolos que nos hacía sospechar que se había eliminado con una intencionalidad.

¿Por qué generó sospechas la modificación?

Hubo una filtración que decía que se había eliminado del protocolo la frase "en función del riesgo de exposición", relativa a la priorización de unas personas u otras. Esto no hacía que se equipararan los altos cargos con los sanitarios, que fue la noticia que se dio entonces por muchos sitios. Pero sí que se quitó esa frase y, con eso, daba la sensación de que daba igual vacunar a un gerente que estaba en el despacho y que no tenía contacto directo con los enfermos de la covid-19 que a un auxiliar de enfermería que estaba cuidando a los enfermos. Los partidos de la oposición no entendimos ese cambio porque parecía que ya no había que priorizar a las personas que estaban en primera línea de riesgo. El PSOE dijo que ese cambio no significaba nada pero, realmente, lo cambiaron después de que salieran los casos de cargos públicos que se habían vacunados fraudulentamente.

¿Qué responsabilidades debería asumir el PSOE de Extremadura?

Si el juez o la jueza dictamina que han incurrido en un delito por vacunarse de manera ilegal, estas personas deberían dejar sus cargos públicos. No hay duda. Y entiendo que el PSOE tendrá que asumir responsabilidades políticas porque no han hecho una investigación interna ni siquiera sobre este asunto. 

Este domingo ha acabado el estado de alarma, ¿cómo valora que son las medidas de la Junta para abordar esta nueva fase de la pandemia?

Nuestra incidencia acumulada es compatible con una relajación de algunas de las medidas e ir retomando poco a poco cierta normalidad. Somos una de la comunidades donde mejor está yendo el ritmo de vacunación y entendemos que la gente necesita un respiro. Nos parece positivo que haya una relajación pero respetando siempre medidas como el uso de mascarillas, aforos, distancias, etc.

Somos una región con sus particularidades: con gran dispersión y sin grandes ciudades en las que la gente viva hacinada. Por suerte, podemos tener unas medidas restrictivas distintas a otros sitios. Y creo también que hay que asumir que no todos los territorios son iguales. No tiene sentido que nos pongan las mismas medidas que a una ciudad con dos millones de habitantes.

Tampoco es que ya no tengamos medidas. De hecho, ahora hay varios pueblos perimetrados. Por esto, hay que tomar unas medidas u otras según la incidencia y seguir la evolución semana a semana.