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Un pueblo se niega a tener vecino gitanos

La localidad pontevedresa de Poio se alza contra el realojo de 29 chabolista

PANCHO TRISTÁN

Hay 29 personas en busca de un techo. Son gitanos y se quedaron sin hogar a finales de noviembre. Las chabolas en las que vivían en el barrio de O Vao, municipio de Poio, a las afueras de Pontevedra, fueron derruidas por orden judicial. Desde que comenzaron las gestiones para el realojo de los chabolistas, al termómetro del clima social se le enloquece el mercurio por zonas. Allá donde se anuncia que un piso acogerá a una familia, comienzan las protestas vecinales. Y la tensión va en aumento. Anteayer, un grupo de manifestantes arremolinados frente al consistorio de Poio mientras se celebraba un pleno municipal dejó hecho unos zorros el coche del alcalde.

Para muchos pontevedreses, el topónimo O Vao es sinónimo de trapicheo. Y ahí es donde nace el problema. 'Es como decir que todos los vascos son etarras. Imagínatelo. El 90% de los vecinos de O Vao vivió siempre de la venta ambulante, de la chatarra, de actividades legales'. Quien así habla es el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Giménez, una de las caras más habituales de los medios de comunicación en Galicia en los últimos meses.

Imagen distorsionada

Tras esta historia subsiste un prejuicio étnico reforzado por la imagen de heroinómanos saliendo de Pontevedra camino de O Vao. 'Los ciudadanos tienen una imagen de la gente de O Vao que no se ajusta a la realidad', insiste Sinaí Giménez, que defiende que el trapicheo es cosa de unos pocos.
El líder gitano habla de un plan de acción, de líneas de actuación concertadas para la solución del problema, del derecho constitucional de las personas a la vivienda. Mientras tanto, el alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral (BNG), admite que no existe una solución 'a corto plazo'. Y también refiere a la búsqueda de 'soluciones concertadas'. 'La semana próxima tendremos reuniones con los vecinos de Caritel', explica Sobral.

Caritel, en el municipio de Ponte Caldelas, es el lugar que iba a acoger a dos de las familias que deben de ser realojadas. La Xunta adquirió la vivienda de dos pisos en la que las familias vivirían en régimen de alquiler con opción de compra. Esta acción forma parte del plan autonómico de erradicación del chabolismo y está acompañado de medidas para promover la inserción social de las familias. El derecho a adquirir la vivienda sólo podría ser ejercido si se producía la integración. Pero de nada valieron las estrategias.

Un grupo de vecinos de Caritel, junto a otros de los otros emplazamientos elegidos para el realojamiento de las familias, participó en las protestas que anteayer terminaron con el coche del alcalde Sobral en el taller. Allí también había gente de Monte Porreiro. Los vecinos de este barrio de viviendas de protección oficial de Pontevedra en el que iban a ser realojadas tres familias llevan semanas organizando protestas. En todas sus declaraciones públicas insisten en que no quieren que haya trapicheo cerca de sus casas. Mientras tanto, los gitanos apuestan por la paz social: cuando sienten los problemas cerca, se vuelven a O Vao. 'No queremos problemas', afirma Sinaí


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