No habían pasado ni 24 horas de la rueda de prensa de María Dolores de Cospedal y varios de los barones del PP hacían una enmienda a la más destacada de sus declaraciones en la sede nacional de la calle Génova: "El PP ha hecho todo lo que podía hacer" ante los casos de corrupción; "nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel", aseguró la secretaria general. La afirmación tan tajante sorprendió a muchos de los conservadores, que lo comentaban todavía ayer en los pasillos del Congreso. En un momento en que el Gobierno está volcado en trasladar a la opinión pública su esfuerzo anti-corrupción con distintas medidas, Cospedal traslada esa sensación de "hasta aquí podemos llegar".

Por ello, algunos dirigentes territoriales, aterrados con la perspectiva de la convocatoria electoral que se les viene encima en medio año, han decidido dar un paso al frente y mostrar a su secretaria general que sí es posible hacer más o, incluso, hacer mucho más. Fiel a su estilo ejemplarizante, aunque en el partido la den por amortizada políticamente tras estallar la trama Púnica, la primera en pronunciarse fue Esperanza Aguirre, que el mismo lunes y aun antes de la rueda de prensa de la número dos del PP, presentó una batería de seis medidas "drásticas" contra los corruptos: acortar los procedimientos judiciales en los casos de corrupción, cambiar la ley de contratos, someter a audiencias públicas a los políticos candidatos, hacer transparentes las donaciones a los partidos o hacer que los que roban dinero lo devuelvan, entre otras. A la presidenta del PP de Madrid, argumentan fuentes conservadoras, "no le queda credibilidad, pero ha dicho lo que todos pensamos: hay que ir más allá".

"A Aguirre no le queda credibilidad, pero ha dicho lo que todos pensamos", admiten en el PP

También el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, aportó ayer una medida contra la corrupción a la que -en teoría- ningún Gobierno debería negarse. El jefe del Ejecutivo de Extremadura así lo cree y, por ello, insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que apruebe una ley antisoborno con nueve puntos para combatir la corrupción en España, entre ellos, ampliar la pena hasta con 10 años de cárcel.

Pero Aguirre y Monago, aunque sus medidas gocen de la oportunidad de ir en sentido contrario a las declaraciones de Cospedal, no son los únicos que han manifestado públicamente la necesidad de "más contundencia de la contundencia anunciada", resumen en el PP. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi -de las pocas dirigentes que se atreven a decir a Rajoy lo que piensan en el Comité Nacional que se reúne cada mes-, pidió el lunes la "expulsión inmediata" de los partidos de los integrantes que se encuentren bajo sospecha de corrupción. Por su parte, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, invitó a su partido a tomar "medidas drásticas", porque no basta con "pedir perdón".

La sensación en el PP es de que se ha perdido una "oportunidad" de oro en la rueda de prensa. Creen que Cospedal podía haber salido con un anuncio del tipo de Aguirre, Monago o incluso Rudi. "Algo", lamentan los conservadores; "no esa sensación de derrota que nos presenta como un partido de corruptos infiltrados sin remedio".