La red Pretoria controlaba proyectos urbanísticos con políticos y empresarios

La operación "Pretoria", en la que han sido detenidas importantes personalidades de la política y el mundo empresarial catalán, ha desvelado la existencia de un grupo organizado que habría tejido "una compleja red" de tráfico de influencias "para controlar" proyectos urbanísticos en su beneficio.

Así se desprende del auto dictado esta noche por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha ordenado el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García.

Garzón sitúa la actuación de este grupo en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma con ramificaciones en otras localidades catalanas, así como en Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Madeira e Islas Caimás, donde procedían al blanqueo de dinero de sus actividades ilegales.

Según el juez, Luis García es el nexo de unión y uno de los máximos responsables de la trama, quien, por sus actividades de mediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma, "se ha erigido" en "consejero de facto o en la sombra", que mediatizaba todas y cada una de las acciones del regidor, y habría obtenido un beneficio de al menos 8.026.000 euros por operaciones irregulares.

García también controlaba las acciones del teniente de alcalde Manuel Dobarco y otras personas de entidades públicas para conseguir que los proyectos y adjudicaciones "caigan de parte o en beneficio" de los empresario imputados o sus empresas, vinculadas a la promoción y construcción inmobiliaria.

"A esta labor coadyuvan eficazmente los imputados Lluis Prenafeta y Macià Alavedra, los cuales, por su parte, despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes y empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes", lo que para el juez acredita el delito de tráfico de influencias.

Gracias a este "modus operandi", según Garzón, la presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó con las operaciones "Pallaresa", "Badalona" y "Niesma", respectivamente.

Respecto al blanqueo de capitales, el juez explica que las cantidades percibidas por los acusados son invertidas "dentro y, en su caso, fuera de España por medio de estructuras fiduciarias y a través de entramados societarios que consiguen la ocultación de los bienes de origen ilícito".

En concreto, Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones "Niesma" y "Badalona", mientras que Alavedra habría conseguido por intermediar en esos proyectos la misma cantidad, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.

Sólo entre mayo y junio de este año, Alavedra podía haber blanqueado 300.000 euros, detalla el auto.

Estos dos ex altos cargos de los distintos gobiernos de Jordi Pujol usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales del también imputado Lluis Casamitjana -al que Garzón ha impuesto una fianza de 500.000 euros-, que les pagaba comisiones a través de la promotora Espais, que luego blanqueaban.

Otra de las irregularidades que Garzón atribuye a varios de los detenidos es el desvío de los fondos de cohesión recibidos por el Ayuntamiento de Santa Coloma de la Unión Europea, cuyo destino se habría modificado mediante la emisión de facturas falsas por un importe de 1.300.000 euros, delito atribuido a Muñoz.

El acusado Manuel Carrillo, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea al que el juez le ha impuesto una fianza de 100.000 euros, habría entregado al alcalde 6.481 euros en metálico y otros 12.000 euros en esponsorización de actividades municipales a cambio de la prórroga del contrato de limpieza.

Garzón vincula también "estrechamente" con la actividad de Luis García al imputado Josep Singla -administrador de la inmobiliaria Proinosa para el que ha fijado una fianza de 500.000-, que resultó adjudicatario de varios proyectos del consistorio de Santa Coloma.

La actuación de Pasqual Vela, al que Garzón ha impuesto la menor de las fianzas (25.000 euros), consistiría en buscar empresas de construcción de guarderías para que les fueran adjudicadas de forma irregular las obras.

Además, el juez destaca que Vela habría ocultado a las autoridades la defraudación de las subvenciones europeas y la existencia de facturas falsas, delitos de los que era conocedor.

Para Garzón, el que "hasta el día de hoy los imputados hayan venido ejecutando los hechos" justifica su decisión de enviarles a prisión, pese a que no existe riesgo de fuga dado el arraigo y la avanzada edad de varios de ellos, pero sí de que pudieran continuar en la misma dinámica o destruyeran pruebas.

Los acusados a los que Garzón ha impuesto fianzas han quedado en libertad esta noche ya que disponen de plazo hasta el próximo lunes para depositar el dinero exigido, mientras que el resto han sido trasladados a la prisión madrileña de Soto del Real.