El máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, y el jefe de grupo adscrito al caso Gürtel, Manuel Marocho, coincidieron ayer en respaldar las principales líneas de defensa del juez Baltasar Garzón. Primero, señalaron que era necesario intervenir las comunicaciones de los imputados presos para evitar que la trama siguiera blanqueando, pese a estar sus responsables en prisión. Y segundo, aseguraron que en todo momento el entonces instructor mostró un especial cuidado en proteger el derecho de defensa.

Pero, aunque tanto ellos como el resto de testigos, salvo el querellante, el exfiscal Ignacio Peláez, vinieron a corroborar de una forma u otra la versión dada por Garzón, las acusaciones, como era previsible, elevaron a definitivas sus calificaciones provisionales. Es decir, que pidieron al tribunal que imponga una pena de inha-bilitación de hasta 17 años al magistrado. La defensa y la Fiscalía también ratificaron sus conclusiones preliminares y solicitaron su absolución. Los informes en los que basan sus respectivas peticiones se conocerán hoy.

El primero en declarar ante el tribunal de las escuchas de la Gürtel fue Marocho, el inspector que trataba directamente con el Juzgado Central de Instrucción número 5. Señaló que participó en la intervención de las comunicaciones del presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y el primo y testaferro del primero, Antoine Sánchez, con las personas que se entrevistaron en prisión, incluidos sus abogados.

Según el testigo, Garzón le dijo que "había que preservar el derecho de defensa", lo que, a su juicio, necesitaba una aclaración que pidió "personalmente" al magistrado, porque desde diciembre de 2008 la comunicación entre ambos "era continua". "Me indicó que nuestra labor era escuchar, transcribir las conversaciones relevantes y que era el juez el que valoraba lo que afectaba al derecho de defensa", aseguró.

Por la tarde, su superior señaló que con la aclaración del juez se quedó "igual" que estaba antes de recibirla. Cuando él le preguntó directamente al juez por los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, porque iban a representar a los detenidos, pese a que por las investigaciones sabía que poco después serían imputados ellos mismos, la respuesta que recibió de Garzón fue taxativa: "El derecho de defensa prevalecía sobre cualquier otra cuestión y les asistieron", aseguró.

El jefe de grupo en la UDEF recordó que no tenía control de quién accedía al locutorio y que sólo, después de mantenerse la entrevista, que era grabada por el centro penitenciario, agentes de la Unidad escuchaban los CD que les entregaban en prisión.

Ambos responsables policiales señalaron que el objetivo prioritario era evitar la distracción del patrimonio nacional y exterior de la trama. Por eso, el jefe de escuchas trasladó a Garzón la necesidad de adoptar "medidas suplementarias" después de los arrestos del 6 de febrero de 2009, en concreto, la intervención de las comunicaciones de los internos. Agregó que, "pese a cambiar de abogados, las comunicaciones" con quienes la organización había designado para operar en el extranjero (Delgado y López Rubal) no se vieron alteradas. Recibían instrucciones de los cabecillas a través de las visitas que estos recibían en prisión.

José Antonio Choclán, el actual abogado de Correa, trató de desvirtuar esta línea de defensa, basada en justificar la medida del juez, preguntando si se había imputado a su cliente algún nuevo delito mientras estaba en prisión, pero el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, declaró impertinente la pregunta, al no ser necesaria para determinar la responsabilidad de Garzón.

Pero fue inevitable que la Gürtel gravitara durante toda la vista en la sala. La operación Boadilla, por la que está imputado el cliente de Peláez en la causa que investiga la trama corrupta, José Luis Ulibarri, salió varias veces cuando su abogado declaró como testigo y cuando interrogó a los policías sobre si Garzón tenía el informe que le enviaron con datos de las conversaciones que él había mantenido en prisión con Correa y Crespo antes de que el constructor declarara, extremo que fue negado por los agentes. Y, obviamente, apareció en las conversaciones que escucharon las partes a puerta cerrada y en la documental, donde se leyeron algunas salvadas del expurgo.

Como testigo, Peláez admitió que no pidió permiso a Garzón para entrevistarse con Crespo, ni recordaba si contaba con autorización expresa para hacerlo, pero aseguró que sus reuniones "no eran para blanquear dinero, sino para preparar la estrategia de defensa".

El letrado dijo estar "convencido de que tienen elementos incriminatorios que pueden estar utlizando y que no están en las transcripciones". A ello atribuyó "la sagacidad" con la que las fiscales del caso habían preguntado a Ulibarri, porque, en su opinión, sin las escuchas, no se les habrían ocurrido las cuestiones que plantearon.

Precisamente una de las fiscales, Miriam Segura, fue la protagonista de la declaración del funcionario encargado del caso Gürtel en el Juzgado de Garzón. Señaló que la víspera de que el magistrado ordenara la intervención, la vio nerviosa y la oyó decir: "Baltasar, hay que hacer algo; hay que tomar la decisión ya". Ella fue, después de que el testigo preguntara al juez al respecto, quien le indicó qué expurgar para preservar el derecho de defensa.