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Ropa, comida y techo serán un derecho universal en Baleares

Su cumplimiento será exigible ante los tribunales. Cuando el Parlament de las islas apruebe la iniciativa, se abrirá un periodo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales que concretará los derechos

KATI FERNÁNDEZ

El juramento de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó: "No volveré a pasar hambre", adquirirá rango de ley en Baleares cuando se apruebe, en septiembre, la nueva ley de servicios sociales. Y su cumplimiento será exigible ante los tribunales. La consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Josefina Santiago, presentó este jueves un borrador del texto que convierte a Baleares en la primera autonomía que define que "no pasar hambre es un derecho, nadie lo había dicho hasta ahora", subrayó Santiago.

Junto a este derecho se contemplan dos más: alojamiento y vestido, que también adquieren en el borrador la categoría de necesidades básicas, estableciendo que la Administración tiene la obligación de garantizar la respuesta inmediata a situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a estas necesidades. "Esta ley supone configurar el cuarto pilar del bienestar social junto a los de la sanidad, educación y pensiones, el de los servicios sociales", según el Gobierno balear.

Cuando el Parlament de las islas apruebe la iniciativa, se abrirá un periodo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales que concretará los derechos "que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales, de la misma manera que si tienes un niño de 7 años te han de dar plaza escolar", señaló la consellera.

La norma establecerá, además, servicios mínimos para cada franja de población, que determinará, por ejemplo, si por cada 5.000 o 7000 habitantes tiene que haber un educador o trabajador social, o por cada 20.000 habitantes un centro de estancias diurnas.

Eso permitirá que la prestación de servicios sociales no dependa de la voluntad política. Así se conseguirá, también, que los presupuestos destinados a este derecho se puedan ampliar en caso de necesidad.

Una de cada 100 personas que vive en la comunidad balear se verá beneficiada por esta medida, según fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales (en manos de Esquerra Unida-Els Verds).

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