Antes todo estaba bien. Ahora, cualquier detalle es apropiado para hacer un informe con pegas y advertencias. Y más si es una semana en la que el Tesoro pretende hacer dos grandes emisiones de deuda por importe de 7.250 millones. La excusa para hablar de España en esta ocasión para la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's ha sido la normativa fiscal. A su juicio, no es suficientemente severa con las comunidades autónomas, lo que permite que se excedan de los máximos de déficit que les están permitidos. El año pasado, por ejemplo, llegaron al 2,8%, cuando el límite estaba en el 2,4%.

Esta 'debilidad' de la normativa fiscal española provocará, según S&P, que la consolidación fiscal que se está produciendo en España, y que debe llevar al déficit a bajar al 6% a final de este año, se realice 'de forma más gradual y asimétrica (con distintos grados de consecución entre regiones) y probablemente con ayuda adicional por parte del Gobierno central'.

En su opinión, hay tres problemas. Por un lado, que las regiones tienen un alto grado de autonomía de gasto y responsabilidades de alta sensibilidad política que tienden a impulsar el gasto. Por otro lado, tienen bajos incentivos a reequilibrar de forma rápida sus desequilibrios fiscales mediante recortes de gastos dolorosos y aumentos de impuestos y, por último, que el Gobierno central tiene herramientas insuficientes para inducir un grado fuerte de disciplina a nivel regional.

Lo que no recuerda S&P en su informe es que España está cumpliendo sin desviaciones su objetivo de déficit de final de año.