"Año tras año, apretaban un poco más la tuerca, retirando algún profesor y aumentando el número de chavales en cada clase. Y lo de este curso ya ha sido una agresión", denuncia Javier, profesor de Historia en el Instituto Público Salvador Allende de Fuenlabrada (Madrid), decepcionado como está de que en el centro en el que trabaja haya perdido 14 profesores mientras ganaba 70 alumnos.

En este instituto los estudiantes se amontonan en unas aulas en las que hace tiempo que es difícil enseñar por las carencias que arrastran de cursos anteriores y por el alto porcentaje de chicos inmigrantes, muchos de los cuales apenas chapurrean el castellano. Una situación que no es exclusiva del Salvador Allende, ni de Fuenlabrada, ni de Madrid, sino que se ha generalizado en toda España, lo que ha motivado que la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, inicie una investigación de oficio por la "deficiente planificación que incide negativamente en la calidad del proceso educativo".

La Defensora habla de la "insuficiente capacidad de las instalaciones escolares y las medidas de carácter provisional (...) que se traducen en la habilitación para su uso como aulas de espacios previstos para otros fines, el incremento de alumnos por aula o en la instalación de aulas prefabricadas".

La ratio máxima de alumnos por grupo es lo normal y debe ser lo excepcional

Como Javier, Cava de Llano también afirma que la situación se reproduce "año tras año", por lo que ha decidido pedir explicaciones a las administraciones, tanto al Ministerio de Educación como sobre todo a las distintas autonomías de quienes depende finalmente la enseñanza.

Una situación que se repite

El director del Salvador Allende, Eduardo Garrigos, se queja de que este hacinamiento de los alumnos se repite año tras año. "La ley nos dice que sólo en casos excepcionales se puede superar el máximo de 35 alumnos en el aula; aquí tenemos muchos grupos de 38 y 39. Además, nos corresponden cuatro profesores de compensatoria [que trabajan para mantener en el sistema educativo al alumnado en situación de desventaja social] y tan sólo nos han concedido uno y medio", lamenta Garrigos.

En efecto, mientras que en este instituto las matrículas pasaban este curso de 1.340 a 1.410 alumnos, la plantilla de docentes ha pasado de 123 a 109,5. Un claustro con decimales que se explica porque a las profesoras del departamento de Orientación las han desmembrado, al repartirlas entre varios institutos, mientras que el curso pasado estaban dedicadas en exclusiva a los chavales del centro, de 21 nacionalidades distintas y con casos de riesgo de exclusión. "Aunque quieran y se lo manden, estas profesoras no pueden estar en dos sitios a la vez", lamenta Garrigos.

FETE-UGT: "El rendimiento y la conviencia se deteriora cada año"

En su informe de análisis del comienzo del curso escolar, el sindicato UGT ya denunciaba la generalización de las ratios máximas de alumnos por grupo, que por ley son excepcionales en la enseñanza obligatoria. "Ya es un mal endémico. Los recortes están llevando lo excepcional más allá de lo razonable", alerta Carlos López, secretario general de la rama educativa de UGT.

López asegura que en la mayoría de las autonomías se ha recortado la plantilla de docentes y que en lugar de aumentar el número de grupos cuando crece el alumnado, se está repartiendo a los escolares entre las demás clases, que ya estaban saturadas.

"Radiografía completa"

Desde el Defensor del Pueblo aseguran que se decidió abordar una investigación especial porque las denuncias obligaban a realizar una "radiografía completa" de lo que ocurre en la enseñanza en España, para proponer a la administración las "medidas correctoras adecuadas". "Con esta situación, el rendimiento y la convivencia se deteriora cada año", critica López, que destaca el creciente número de casos en los que se coloca a un grupo a dar clase en aulas de música o bibliotecas.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, se felicita por este "paso importante que acaba de dar por primera vez una institución a nivel estatal, porque había que tomar cartas en el asunto". "Con la excusa de la crisis, algunas autonomías están recortando drásticamente la inversión en la enseñanza. Así, algunas situaciones que tendrían que ser soluciones temporales se están prolongando en el tiempo. Es hora de que se les dé un toque de atención a las administraciones", agradece Rascón.

Instituto con premio

Esta semana, el IES Salvador Allende recibió un premio nacional por un proyecto solidario que coordinó una de las profesoras que ahora deberá repartirse las mañanas entre varios centros del sur de Madrid (donde las asociaciones de padres están organizando escritos de protesta contra los recortes). Un ejemplo de compromiso y trabajo en común entre el claustro y los escolares que este año no tendrá continuidad, porque ya se ha consumido entre el profesorado la llama de la ilusión por hacer "otras cosas".

Hasta el curso pasado, los profesores invertían buena parte de su tiempo libre tras las clases en implicar a los alumnos en proyectos como la revista del instituto, la grabación de CD con interpretaciones musicales, la organización de jornadas de debate... "Todo eso se ha parado. Los profesores ya no estamos dispuestos a seguir trabajando gratis para dar visibilidad a un proyecto con el que ya no podemos sentirnos implicados", asegura Javier.

"Estamos timando a los chavales que sí quieren estudiar", lamenta un docente

"El profesorado está desmotivado y muy dañado. Vemos que no podemos hacer nada en las clases, que el nivel de los conocimientos que transmites va hacia abajo, que hay días que no avanzas nada. Lo peor es que estamos timando a los chavales que sí quieren estudiar", añade el profesor.

Desde la rama de docentes de CCOO, su secretario general, José Campos, reconoce que esta situación de desánimo se generaliza por la reducción de la inversión. "Es una apuesta en negativo que están haciendo las administraciones, porque no quieren ser conscientes de cómo va a influir en los alumnos", dice.

De hecho, algunas de las administraciones a las que la Defensora del Pueblo exigirá información no quieren, de momento, darse por aludidas. En Madrid, donde los sindicatos y las asociaciones de padres denuncian con más énfasis el aumento de ratios en las clases, la consejera de Educación, Lucía Figar (PP), se jacta de que Cava de Llano "no va a tener mucho trabajo". Figar se agarró el martes pasado al argumento de que en la Comunidad de Madrid sólo queda un barracón. "Se lo podemos enseñar cuando quiera", dijo Figar, quien señaló que el informe en la región "va a ser muy rápido".