"Hoy no ha venido ningún hombre todavía y el que venga es porque no se ha enterado de la nueva ley", explicaba ayer Rocío nombre ficticio, una mujer de 45 años que ejerce la prostitución en Sevilla. Eran las cuatro y media de la tarde, viernes, y, a diferencia de los demás días, ni ella ni sus compañeras habían conseguido un euro a esa hora. Sevilla se sumó ayer a las ciudades con ordenanzas contra la prostitución callejera, aunque con una diferencia fundamental: la normativa, que forma parte de un plan integral, considera a las prostitutas como "víctimas" y sólo sanciona a los clientes, con multas desde los 750 hasta 3.000 euros.

La ordenanza aprobada por unanimidad bajo el anterior mandato (PSOE-IU) y puesta en marcha por el nuevo Ayuntamiento gobernado por el PP se forja en el fomento de la igualdad e intenta dar cumplimiento desde el ámbito local a los principios de normas estatales como la Ley de Igualdad o la Ley Integral contra la Violencia de Género blindando, además, los espacios públicos. Lejos de normativas como las de Barcelona o Granada, Sevilla sanciona la demanda de servicios sexuales, su favorecimiento, su promoción o la facilitación de estas conductas por parte de proxenetas y clientes, pero nunca el ofrecimiento por parte de las mujeres. Además, sanciona la colocación, reparto, divulgación o difusión de publicidad que promueva o favorezca esta actividad, como el caso de los autobuses de Valencia.

La normativa quiere dar cumplimiento a leyes como la de violencia de género

Según fuentes del Ayuntamiento, desde agosto, la Policía Local ya ha levantado 38 actas a clientes a modo de advertencia y ello no ha supuesto una desbandada de mujeres y clientes a otras zonas. "Mira lo que ha pasado en Barcelona. Multaban también a las mujeres y el otro día vi en la tele que había una montaña de multas sin pagar, les habían hecho hasta redadas y, lo que es peor, el problema no se ha solucionado porque se han ido a otras zonas donde no molestan", continúa Rocío. En las zonas habituales en Sevilla, incluso en los días previos a la entrada en vigor de la ordenanza, la actividad ha disminuido, según varias asociaciones de vecinos.

A pesar de todo ello, la ordenanza no termina de convencer a asociaciones y ONG que trabajan con estas mujeres a pie de calle. "Nació con buena intención. El problema es que se están priorizando las prácticas policiales sobre las sociales, como el acceso al trabajo o a una vivienda. Eso es lo que no se está poniendo en marcha y es lo que debería funcionar antes que multar, aunque sea únicamente a los clientes", denuncia Valentín Márquez, coordinador de inclusión social de Médicos del Mundo en Andalucía.

Las sanciones económicas van desde los 750 hasta los 3.000 euros

Rocío o Luna también nombre ficticio consideran que lo único que hará esta normativa es terminar con su medio de vida: "Ahora dice la ley que somos víctimas. Yo no lo soy porque estoy aquí libremente, pero ¿de qué me serviría a mí ser víctima si tengo la barriga vacía? Que me den un trabajo, lo que sea, me voy a recoger aceitunas ahora mismo", añade.

"¿Me va a dar el alcalde trabajo?", insiste Luna, latinoamericana de 35 años. Ella decidió dedicarse a la prostitución porque se quedó sin trabajo como limpiadora. "De repente, sin paro y sin nada, me vi con sólo 35 euros en el bolsillo para el mes y cuidar de mi hija aquí y de la otra niña que tengo en mi país", explica. Cuenta que ayer mismo acudió a su Ayuntamiento no reside en Sevilla capital para ver si había algo en la bolsa de empleo, pero le dijeron que volviera después del puente festivo. "Y tengo que conseguir aún 140 euros para el alquiler del piso. Tengo que pagar entre el día 1 y el 5. ¿Quién me los da?", se pregunta.

Esa es la principal preocupación de estas mujeres, según Valentín Márquez: "Hay persecución policial, sobre todo con las africanas, que no tienen papeles. Y al final, lo que preocupa siempre a los políticos es que se vea la pobreza o la exclusión. Es muy raro que un Ayuntamiento escuche a las afectadas", añade.

Desde agosto la Policía ha levantado acta a 38 clientescomo advertencia

La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación de Juristas y Abogados Grupo 17 de Marzo también rechazan la ordenanza por considerar, entre otras razones, que vincula y confunde la trata de personas con el ejercicio libre de la prostitución.

"Lejos de mejorar la situación y las problemáticas a las que se enfrentan estas mujeres, la ordenanza servirá para invisibilizar y deteriorar todavía más sus penosas condiciones de vida y contribuirá al aumento de su estigmatización, a incrementar la delincuencia organizada en torno a la trata de personas y, probablemente, a la legitimación de comportamientos sexistas y racistas", sostienen.

Otras asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de la explotación sexual, como Amuvi, aunque tampoco creen que sea la solución al problema, consideran la norma como un paso importante: "La mayoría de las mujeres no están ejerciendo libremente la prostitución: o se ven obligadas por las mafias o por sus circunstancias personales porque muchas son inmigrantes y tienen deudas, hijos y familia que alimentar en sus países", explica Pilar Sepúlveda, presidenta de Amuvi. "Y esta normativa es positiva porque incide sobre el cliente: si este no existiera, la prostitución tampoco existiría", zanja.