La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde ha asegurado que confía en el "buen criterio" de las personas que cobran sueldos elevados o bonus en las empresas, dado el escenario económico actual, en referencia a la pensión de jubilación de 323.000 euros anuales que podría cobrar Teddy Bautista cuando deje la SGAE . Además, reivindicó que no es el Estado el que "pone las tarifas de los derechos de autor", y se mostró convencida de que "Internet es una oportunidad para la cultura".

Durante un desayuno organizado por 'Nueva Economía Forum', a la responsable de Cultura se le ha preguntado sobre la noticia aparecida días atrás según la cual el actual presidente del Consejo de Dirección de la SGAE cobrará una pensión vitalicia de 24.511,49 euros al mes. "En el actual contexto económico, confío en el buen criterio de las personas que en las empresas tienen unos altos honorarios" y añadió, "hay que fijarse en todo el contexto económico en el que vivimos, y no siempre poner en el punto de mira todo lo que tiene que ver con los derechos de autor".

El Estado no pone las tarifas

La minitra insitió en  que el Estado "no pone las tarifas ni interviene" en las "negociaciones" de los derechos de autor. "Son las entidades de gestión quienes deciden cuáles son sus tarifas, no es el Estado o los ministerios", pero argumentó que éstos sirven para "garantizar la libertad de creación" y que nadie se "apropie o beneficie de las ideas de los demás".

Internet, una "oportunidad para la cultura"

La ministra afirmó que Internet "no es un problema para la cultura, sino una oportunidad" de difundir mejor sus creaciones, en referencia a las medidas contra las descargas ilegales en Internet previstas en la Ley de Economía Sostenible. Sinde expresó su deseo en que estas medidas sean "tramitadas cuanto antes, para que la distriución de la cultura en la Red no perjudique a unos y beneficie a otros".

Sinde se mostró convencida de que la solución que ha propuesto el Ejecutivo es "la más garantista y respetuosa con los derechos individuales de todas las que existen en los países del entorno español", e insistió en que va dirigida "exclusivamente contra quienes se lucran con el trabajo de otros".