Un subsidio impopular pone contra las cuerdas a Merkel

En un momento en que las prestaciones sociales consumen el 31,9% del PIB, la sentencia del Constitucional es un nuevo problema para el Gobierno de Angela Merkel y el liberal Guido Westerwelle, que se verá ahora obligado a ocuparse de los problemas de las capas sociales más bajas, que no son precisamente las beneficiarias de sus planes económicos, como la rebaja de impuestos.

Además, las ayudas sociales son un tema impopular. El subsidio Hartz IV cuyo nombre algunos comparaban, irónicamente, con el de un satélite, un medicamento o un código secreto se ha convertido en un sinónimo de caída social que estigmatiza a sus beneficiarios. Ni una palabra ha dicho sobre el asunto la persona a quien el subsidio debe su nombre, Peter Hartz, ex jefe de personal de Volkswagen, a quien que el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder eligió para dirigir una comisión encargada de acometer la mayor reforma del Estado del bienestar desde el fin de la guerra.

Se trataba de eliminar uno de las tres pilares del Estado social, el desempleo. Antes de 2005, un desempleado cobraba entre 12 y 36 meses de paro, que se fijaba entre el 60% y el 67% de su último sueldo neto. Si pasado ese tiempo seguía sin trabajo, se consideraba "parado crónico" y cobraba entre un 53% y un 57%. Después, podía cobrar la ayuda social. La reforma de Schröder recortó el periodo máximo de cobro del paro a 12 meses (18 para los mayores de 55 años) y creó Hartz IV fusionando la categoría de parado crónico con la ayuda social.

Los defensores del subsidio argumentan que, gracias a él, Alemania ha sobrevivido a la crisis con una tasa de paro que ronda el 8,5%.

Pero para los socialdemócratas del SPD, Hartz IV es el monstruo que se ha levado a una tercera parte de sus militantes en los últimos años. El masivo rechazo a la reforma provocó un exilio político de cientos de miles de socialdemócratas al partido La Izquierda de Oscar Lafontaine. Para los socialdemócratas decepcionados, las reformas sociales de Schröder, como la jubilación a los 67 años, agrandan la diferencia entre ricos y pobres.

El presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos, Michael Sommer, comentó ayer a raíz de la sentencia que "hay una preocupante división entre arriba y abajo. El equilibrio social está en peligro, y el Gobierno haría bien en no permitir que se abra más ese abismo".