Seis meses y medio después de que la fiscalía y el PSOE impugnaran el cerrojazo del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) al caso de los trajes, el Tribunal Supremo publicitó ayer la admisión a trámite de sendos recursos y puso fecha a su decisión. Si el 12 de mayo, día fijado para la deliberación y votación, el Supremo concluye que, tal como sostienen los recurrentes, el sumario se archivó indebidamente, la reapertura del caso será inevitable: el alto tribunal se verá obligado a iniciar los trámites para que un jurado juzgue por soborno al jefe del Ejecutivo valenciano y a otros tres altos cargos del PP y la Generalitat a quienes la trama Gürtel hizo igualmente regalos.

La decisión está en manos del presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Juan Saavedra, y de otros cuatro magistrados; tres de los cinco jueces son conservadores. Los socialistas recibieron con euforia la noticia. La admisión del recurso implica reconocer que el PSOE tenía "una parte importante de razón" al acudir al Supremo.

De la Rúa alegó que a Camps le hicieron regalos, pero no por ser presidente

Los trajes regalados por Orange Market, la franquicia valenciana de la Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el "amiguito del alma" de Camps, son, en realidad, la punta del iceberg. Bajo la superficie de los 12.783 euros que la trama gastó en trajes para el presidente valenciano subyacen las adjudicaciones a Orange Market, empresa que obtuvo más de nueve millones de euros por contratos públicos. Y subyacen, también, los sólidos indicios de financiación ilegal del PP valenciano destapados por la policía en julio de 2009 e incorporados ahora al sumario que instruye en Madrid el juez Antonio Pedreira. Ese informe constataba cómo el PP valenciano se financió mediante un sencillo pero eficaz sistema de falsificación de facturas emitidas por Orange Market y endosadas a empresarios afines.

El informe policial, al cajón

El Tribunal Superior de Justicia no investigó ni los contratos ni el dossier policial. El informe de la policía llegó a la mesa de De la Rúa tres días antes de que, el 3 de agosto de 2009, la sala que preside acordara, con el voto en contra del magistrado Juan Montero, el sobreseimiento definitivo de las actuaciones contra los cuatro imputados: Francisco Camps; Ricardo Costa, diputado y ex secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputació de Valencia.

Los trajes son la punta del iceberg. Debajo está la financiación del PP

El sobreseimiento tiró por tierra el auto previo del juez José Flors, instructor del caso y quien consideró acreditado que Camps y sus cuatro correligionarios habían recibido regalos de la trama. En eso exactamente consiste el delito de cohecho pasivo impropio: en que una autoridad acepte "dádiva o regalo" ofrecidos "en consideración a su función" y aun sin contrapartida.

De la Rúa, el juez amigo de Camps, ni siquiera discutió ese extremo. Pero, en su auto del 3 de agosto de 2009, arguyó que no había nexo causal entre los regalos y los cargos públicos que ostentaban sus destinatarios. Es decir, que Camps sea presidente de la Generalitat en absoluto influyó, según De la Rúa, para que Álvaro Pérez le pagase ropa a medida, le comprara un bolso de Loewe a su mujer, se gastara 700 euros en entradas del Circo del Sol para la misma familia y agasajase a sus hijos con un perrito robot Aibo valorado en 1.800 euros. Los obsequios enumerados figuran en el sumario Gürtel.

Tipificado en el artículo 426 del Código Penal, el cohecho impropio constituye la modalidad más leve de soborno: de hecho, sólo se castiga con multa. Pero es un delito que quedaría en papel mojado si el Supremo confirmase el auto de sobreseimiento dictado por De la Rúa y el magistrado Francisco José Ceres con el rechazo (voto particular) del tercer componente de la sala en esa ocasión, Juan Montero.

El TSJ de Valencia ni siquiera investigó los contratos de Orange Market

La envergadura penal del caso de los trajes es escasa. Pero, políticamente, un juicio contra Camps dinamitaría su futuro político y colocaría al PP valenciano contra las cuerdas en vísperas de las elecciones autonómicas del próximo año. Y si el Supremo impone la reapertura del caso, difícilmente podrá ahora el Tribunal Superior de Valencia soslayar la abrumadora carga documental sobre la presunta financiación ilegal del PP y el presunto trato de favor que la Generalitat dio a la trama.

Oposición frontal del PP

Desde que la fiscalía y el PSOE impugnaron ante el Supremo el carpetazo al sumario de los trajes, el PP ha sostenido con machaconería que el caso estaba definitivamente cerrado. Para lograr que esa afirmación terminara ajustándose a la realidad, la defensa de Camps se opuso con uñas y dientes a la admisión de ambos recursos. Para ello, alegó que Flors no había dictado un auto de procesamiento y que, por tanto, no cabía recurso de casación.

Ayer mismo, y antes de trascender la decisión del Supremo, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, abundó en el discurso oficial de su partido: "En la Comunidad de Valencia no hay imputados y lo que se dice en ese sumario del PP valenciano ha sido archivado ya dos veces por los tribunales. Por lo tanto donde los tribunales no distinguen, no distingamos nosotros".

Francisco Camps

Presidente de la Generalitat

Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.

Ricardo Costa

Secretario general del PP valenciano

El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.

José V. Campos Guino

Ex vicepresidente de la generalitat

Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.

Rafael Betoret Parreño

Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia

El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.