El tribunal paquistaní que instruye el caso del asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto emitió hoy una orden de detención contra el ex presidente Pervez Musharraf, quien se halla en el exilio.

Una corte antiterrorista de Rawalpindi, ciudad cercana a Islamabad, tomó esta decisión tras recibir el pliego de cargos formulado por la Agencia de Investigación Federal (FIA), informaron los canales de televisión paquistaníes.

En el documento, la FIA declara como "fugitivo" al ex jefe del Ejército y lo acusa de no haber protegido la vida de Bhutto, que murió en un ataque suicida perpetrado en Rawalpindi el 27 de diciembre de 2007.

Fuentes legales consultadas por Efe explicaron que el abogado de Musharraf puede acudir ahora a una corte superior para pedir la libertad bajo fianza o, de lo contrario, debe ser detenido en caso de que vuelva a Pakistán.

El ex general se encuentra en el exilio voluntario en Londres, aunque viaja con frecuencia para dar conferencias, ha fundado un nuevo partido y ha dejado clara su intención de regresar a Pakistán.

Según la cadena "Express", con la orden de arresto el juez pretende que Musharraf comparezca ante la corte antiterrorista, que celebrará otra audiencia el próximo día 19.

La FIA considera que Musharraf intentó "justificar el fracaso" a la hora de ofrecer protección a Bhutto en dos ocasiones, en alusión al atentado terrorista, del que salió ilesa, que tuvo lugar en la sureña Karachi cuando la ex primera ministra regresó del exilio, y al que finalmente acabó con su vida dos meses después.

La corte antiterrorista ya aceptó el pasado día 7 la acusación contra Musharraf formulada por la FIA, que argumenta que uno de los policías arrestados recientemente por supuesta negligencia en relación con el caso ha declarado que el ex general fue el emisor de todas las órdenes relevantes.

El ex jefe de la Policía de Rawalpindi Saud Aziz, en prisión desde el pasado diciembre, mantuvo que Musharraf era el responsable de la seguridad de Bhutto durante el mitin en el que perdió la vida.

La comisión de la ONU que investigó la muerte de la líder del Partido Popular (PPP) responsabilizó el pasado abril al régimen de Musharraf de no haberle ofrecido la seguridad adecuada y acusó a las autoridades de haber hecho fracasar la investigación del caso de forma "deliberada".

El informe de la ONU denunció que la Policía de Rawalpindi infligió "daños irreparables a la investigación" al regar el lugar del crimen y no conservar las pruebas físicas que se encontraban en el lugar.

El Gobierno de Musharraf acusó a los talibanes del asesinato de Bhutto, aunque en el país circulan numerosas teorías sobre una conspiración.