El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a declarar "ilícita" la intervención de las comunicaciones del "caso Gürtel" al admitir el recurso de varios imputados contra el auto del instructor Antonio Pedreira, que en abril de 2009 prorrogó las escuchas ordenadas inicialmente por Baltasar Garzón.

En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJM declara ilícitas todas las medidas de intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus abogados y acuerda la nulidad de todas las actuaciones realizadas en la causa que se hayan derivado de dichas conversaciones.

De esta forma, la Sala estima parcialmente en un auto los recursos que los imputados afectados por las escuchas -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- presentaron contra la prórroga de las grabaciones que Pedreira acordó poco después de asumir la instrucción del "caso Gürtel".

La resolución destaca que la Fiscalía se adhirió a la solicitud de nulidad de las escuchas formulada por los recurrentes, por lo que considera que "al no existir contienda procesal" entre las partes debe admitirse su petición, en línea con lo acordado el 25 de marzo de 2010 en el auto en el que la misma Sala declaró nulas las grabaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el auto notificado hoy, el TSJM señala también que será el instructor Antonio Pedreira el que decida qué actuaciones deben anularse tras haber sido declaradas ilícitas las escuchas.

No obstante, se opone a decretar la puesta en libertad del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, solicitada por su defensa.

La decisión de la Sala de lo Civil y Penal, de la que forman parte los magistrados Francisco Javier Vieira -presidente del TSJM-, Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, cuenta con el voto particular discrepante de uno de ellos.

En concreto, Suárez Robledano reitera la posición que ya mantuvo cuando se declararon ilícitas las escuchas de Garzón y sostiene que las grabaciones estaban justificadas al existir indicios suficientes de delito contra los imputados y sus abogados, al tiempo que recuerda que uno de los letrados que fueron grabados, José Antonio López Rubal, también estaba imputado.