La máquina de hacer negocios con dinero público en que se convirtió la principal ONG de Iñaki Urdangarin, Instituto Nóos, amenaza con terminar sentando en el banquillo al yerno del rey por varios delitos de corrupción que implican cárcel. Ayer, tras el discurso de Nochebuena en el que el monarca aseguró que la Justicia "es igual para todos" y 52 días después de los registros que han multiplicado los indicios incriminatorios contra el duque de Palma, el magistrado que investiga la trama Nóos levantó el secreto de sumario, decretó su imputación y fijó fecha para el interrogatorio: el 6 de febrero, una vez hayan declarado otros integrantes del conglomerado empresarial capitaneado supuestamente por el marido de Cristina de Borbón y a cuyas cuentas, dentro y fuera de España, fueron a parar los 5,8 millones pagados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos por los gobiernos valenciano y balear. La hija del rey no declarará ni como imputada ni como testigo, al menos en esta primera fase.

Más de la mitad de esos 5,8 millones (3.542.329 euros) engrosaron los balances de las dos empresas del grupo con participación directa de Urdangarin: Nóos Consultoría Estratégica SL, cuya propiedad se repartía con su socio Diego Torres, y Aizoon SL, en la que comparte titularidad con su esposa. Además, Nóos Consultoría obtuvo otros 294.000 euros en 2004 gracias a contratos adjudicados a dedo por el Govern balear y que, según los investigadores del caso, revisten claros indicios de ilegalidad.

De la declaración del duque dependerá si el juez llama a Cristina de Borbón

Un segundo dato reafirma la tesis de que el objetivo era enriquecer a las empresas de Urdangarin y Torres. Y es este: a tenor de las declaraciones tomadas hasta la fecha, el Instituto Nóos cesó en su actividad a finales de 2006. Sin embargo, en 2007 pagó 1.738.616 euros por supuestos servicios a cinco empresas del grupo: Nóos Consultoría, De Goes Center, Virtual Strategies, Intuit y Shiriaimasu. Los investigadores creen que esas facturas eran falsas. Y que sus emisores sólo pretendían vaciar las cuentas de la pretendida ONG.

En su comparecencia ante el juez del caso, José Castro, y así lo expone el auto dictado ayer, Urdangarin se enfrentará a preguntas cuya respuesta se presume difícil: la crucial, cuál fue "el destino y tratamiento fiscal" de los fondos públicos obtenidos de la Generalitat Valenciana y el Govern balear durante el mandato de los conservadores Francisco Camps y Jaume Matas. En un auto previo, aquel por el que el 7 de noviembre ordenó una batida de registros en Barcelona, el juez ya subrayaba que Urdangarin y su socio, Diego Torres, a quien vuelve a citar como imputado, crearon un entramado asociativo-empresarial para "apoderarse" de dinero público.

Lo investigado hasta ahora indica que el modus operandi era el siguiente: el Instituto Nóos cobraba cantidades "desproporcionadas" así lo dice el auto del 7 de noviembre por los convenios con País Valencià (3,5 millones) y Balears (2,3 millones) para organizar distintos eventos turístico-deportivos; la ONG subcontrataba luego los servicios a empresas de Urdangarin y/o Torres, estas emitían facturas falsas o infladas y posteriormente cruzaban pagos con otras compañías del mismo grupo para aumentar artificialmente gastos y pagar así menos impuestos. El paso final, el más verde en lo que a las pesquisas se refiere, fue la salida parcial de fondos al extranjero.

Junto a Urdangarin se imputa a su socio, Diego Torres, y a otros cuatro cargos de Nóos

Aunque el juez no concreta las imputaciones que atribuye al duque consorte, fuentes del caso aseguraron ayer a este diario que los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documentación centran las investigaciones. Y, según las mismas fuentes, el marido de Cristina de Borbón actuó como cooperador necesario figura equiparable a la del autor del delito en todos ellos: en la prevaricación cometida por la Generalitat y el Govern balear al adjudicar al Instituto Nóos y a empresas de la trama contratos millonarios camuflados como convenios altruistas; habría tenido igualmente un papel esencial en la sustracción o desvío de fondos públicos (malversación) a través de empresas privadas; participó también presuntamente en el fraude perpetrado al concertarse las autoridades implicadas con Urdangarin y su círculo, e incurrió supuestamente en la falsedad documental derivada de la falsificación de facturas. Salvo la prevaricación, los otros tres delitos acarrean penas de cárcel que alcanzan hasta los ocho años estipulados como condena máxima por malversación. De momento, no hay indicios de delito fiscal, pero sí de que la dimisión de Urdangarin como presidente de Nóos en junio de 2006 fue un mero artificio.

Precisamente sobre la malversación las investigaciones aportan un dato relevante: de los 2,3 millones que el Instituto Nóos cobró del Govern balear, 1,37 fueron supuestamente desviados, bien mediante la presentación de facturas falsas, la ausencia de justificantes de gastos o el pago de presuntos servicios a las empresas de Urdangarin y Torres.

Nóos pagó a sus firmas satélite 1,7 millones cuando ya no tenía actividad

Como ya informó Público, al menos 470.000 euros procedentes del Instituto Nóos acabaron en una cuenta británica abierta a nombre de una sociedad instrumental con sede en el paraíso fiscal de Belice y bautizada con el mismo nombre que otra compañía española, De Goes Center Stakeholder Management SL. Todos los títulos de De Goes, salvo uno que figura a nombre de Mario Sorribas, pertenecen a otra ONG, Fundación Deporte Cultura e Integración Social (DCIS). Creada en 2007, ocho meses después de que Urdangarin abandonara la presidencia del Instituto Nóos por orden de la Casa Real, Fundación DCIS está controlada por Diego Torres. Pero Urdangarin solicitó para la entidad contratos a la candidatura olímpica Madrid 2016. Los investigadores sospechan que el duque usó un testaferro en De Goes para operar en el extranjero. Que Fundación DCIS saldrá a relucir en la comparecencia judicial parece fuera de duda. En su auto, el juez recalca que el interrogatorio al exjugador de balonmano abordará todos aquellos hechos que guarden relación con los negocios que le han hecho "perceptor de fondos públicos" tanto en su calidad de persona física "como en su condición de representante (...) de hecho o derecho" de ONG o empresas.

El auto pone fin al "especial sigilo" aplicado desde el 4 de agosto. Fue entonces cuando el juez abrió actuaciones secretas sobre el caso Nóos, una pieza emanada de la investigación sobre el velódromo Palma Arena. En su resolución, el juez llama también a declarar como imputados al socio de Urdangarin, Diego Torres, involucrado ya en el caso desde julio; y a otros siete implicados, entre ellos tres ex altos cargos del Govern balear: el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester, el exgerente de Fundación Illesport Gonzalo Bernal, y el de Ibatur Juan Carlos Alía. La mujer de Diego Torres y sus dos cuñados, Miguel y Marcos Tejeiro, se encuadran en la nómina de imputados. La cierra el economista Salvador Trinxet, presunto asesor de la trama para la creación de su estructura internacional opaca.

El juez cree que la ONG desvió 1,37 millones de los 2,3 pagados por Balears

Fuentes de la investigación indicaron ayer que tras esta primera tanda de declaraciones habrá otra, y que en ella aparecerán los dos ex altos cargos de la Generalitat Valenciana ya imputados como responsables de los convenios otorgados al Instituto Nóos.

Qué ocurrirá con Cristina de Borbón, que fue vocal del Instituto Nóos y comparte con su esposo la titularidad de Aizoon SL, es aún una incógnita: dependiendo de qué declare Urdangarin respecto de su conocimiento o ignorancia sobre sus manejos con la trama, la infanta declarará o se evitará el ominoso trago de declarar, aun como testigo, en el primer caso de corrupción cuyo principal protagonista forma parte de la familia real.