El juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional contra los ex dirigentes de la organización terrorista ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi por el atentado perpetrado en el madrileño barrio de Vallecas en 1995, que causó seis muertos y 44 heridos, quedó hoy visto para sentencia.

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota expuso su informe final después de modificar ayer sus conclusiones provisionales para demandar la aplicación del Código Penal de 1973, vigente en el momento de los hechos, por el que pide 1.243 años de prisión, en lugar del de 1995 por el que en un principio solicitaba una condena de 986 años para cada acusado.

En este sentido, el representante del Ministerio Público agregó que el aumento de la petición de la pena "no es ni por beneficiar ni por perjudicar a los acusados, sino para aplicar la ley e imponer un límite en el cumplimiento de la pena".

Según explicó González Mota en la sesión de hoy, no hay ninguna duda de que los procesados son responsables de los hechos de los que se les acusa, "no sólo por su actitud durante el juicio, hablando entre ellos sin escuchar al tribunal. Además se ha probado por su no declaración", que para el fiscal responde a uno de los caracteres de los miembros de las organizaciones terroristas.

"Sin la participación de ambos acusados este atentado no se habría producido", continuó el fiscal, quien calificó a Olarra y a Múgica, como autores materiales del atentado "porque lo mismo es estacionar el coche que saber cuándo y dónde debía estar ese vehículo para llevar a cabo el atentado".

El fiscal acusa a Olarra, ex jefe militar de ETA, y a su lugarteniente, ambos miembros del "comando Madrid" en la fecha del atentado, de pertenencia a organización terrorista, seis asesinatos, 44 tentativas de asesinato y estragos terroristas.

En la sesión de ayer los peritos policiales ratificaron que el 11 de diciembre de 1995 un vehículo robado estacionado en la calle Peña Prieta y cargado con unos 50 kilos de amosal reforzado con 2,5 kilos de exógeno o dinamita explosionó causando la muerte de los seis funcionarios civiles de la Armada que ocupaban una furgoneta que previamente habían vigilado, además de numerosos heridos.

"Uno de los testigos vino a pedir Justicia, no pidió dinero. Pidió una sentencia", recordó Mota en referencia al hijo de uno de los fallecidos en el atentado que declaró ayer en el juicio.

"Me quedo con que es irreparable la situación de esa familia y con que Olarra y Múgica son culpables de este hecho", concluyó.

Tanto el abogado del Estado como las tres acusaciones particulares personadas en el juicio se adhirieron a la petición del fiscal, aunque algunos variaron sus solicitudes en cuanto a las indemnizaciones que les corresponden.