Google tendrá que explicar a una jueza de Madrid qué es exactamente lo que han grabado sus coches negros mientras fotografiaban las calles de la ciudad para su servicio de mapas. Aunque hay una decena de investigaciones en marcha en todo el mundo por el caso Street View, será un juzgado español el primero en tomar declaración como imputados a los responsables del buscador.

A raíz de una denuncia presentada en junio por Apedanica (Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas), el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid ha abierto la investigación a Google. Como ha reconocido el propio buscador, los vehículos que recorren las calles de medio mundo tomando fotografías para su servicio Google Maps también habrían interceptado y grabado datos de las redes WiFi abiertas y parte de las comunicaciones de los vecinos. En su descargo, la compañía estadounidense ha asegurado que todo se debió a un fallo de software. Este alegado error está siendo investigado por una decena de agencias de protección de datos, entre ella la española, y varios fiscales de EEUU.

Citación para octubre

Como consecuencia de las diligencias previas, la jueza ha citado al representante legal de Google en España a comparecer el próximo 4 de octubre para tomarle declaración en calidad de imputado por un posible "delito informático", según la providencia a la que ha tenido acceso Público. La jueza Raquel Fernandino Nosti también ha enviado un oficio a la Brigada Provincial de Delitos Informáticos de la Policía Nacional para que informe al juzgado sobre "los instrumentos utilizados para la captación de datos obtenidos, en su caso el tipo de datos obtenidos en Madrid y el destino de los mismos; así como el número de usuarios afectados".

Por su parte, el Ministerio Fiscal, representado por la fiscal Natalia Ana Corcuera, emitió un informe donde considera que los hechos denunciados por Apedanica son de la competencia del juzgado.

Para el abogado de la asociación, Valentín Playá, "parece que Google no sólo grabó los nombres de las redes WiFi de los ciudadanos [que son de carácter público] sino que además registró la información que circulaba por las redes; esto es como interceptar la comunicación entre las personas", asegura. De probarse este extremo, Google habría cometido un delito. El Código Penal, en su artículo 197, prevé penas de 1 a 4 años por violar el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad. Playá asegura que "solamente en Madrid varios cientos de miles de usuarios acceden a redes WiFi abiertas para sus comunicaciones personales y profesionales, por lo que se ha podido captar gran volumen de datos de todo tipo".

Aunque Google dijo a finales de mayo, cuando las autoridades alemanas registraron uno de sus coches, que todo se debió a un error, "no han explicado para qué recogieron los datos", dice Playá. Para el abogado, cuya asociación se va a personar como acusación particular en el procedimiento, esta citación judicial es muy positiva. "En muchos casos estaban a la espera, y aquí ha habido una jueza dispuesta a investigar", añade.

Decisión pionera

El presidente de Apedanica, Miguel Ángel Gallardo también destaca el carácter pionero de la decisión judicial. "Es la primera citación de este tipo en el mundo. Esto no le ha pasado nunca a Google y deberían tomar nota en EEUU", declara. Gallardo presentó la denuncia contra el buscador en junio tras leer la noticia en Público de que una ONG británica quería encausar a Google por una "intención delictiva".

Por su parte, la compañía está a la espera de recibir la citación judicial. "Desde Google estamos trabajando en todos los países con las instituciones y autoridades judiciales para responder a cualquier pregunta que tengan. Nuestro objetivo final es eliminar los datos de conformidad con nuestras obligaciones legales y en consulta con las autoridades competentes", declaró un portavoz de la compañía en España.

Pero al buscador se le acumulan los frentes abiertos por el caso Street View. Días después de que Apedanica presentara su denuncia, la asociación de consumidores Facua envió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para solicitarle que investigase "las prácticas" del buscador. Aunque aún no han recibido contestación, dos días después fue la Fiscalía de Guipúzcoa, una de las 12 que cuenta con fiscales especializados en delitos informáticos, la que inició su propia investigación por los posibles delitos de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de terceros sin su consentimiento. Apedanica pide, por tanto, mayor coordinación entre los fiscales.

Investigación de la AEPD

De forma paralela, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como varias agencias europeas más, inició un expediente para saber qué datos se habían grabado y para qué. Aunque la protección de los datos personales es competencia suya, al existir un procedimiento penal podría verse obligada a dejar el asunto a los jueces. De hecho, ante este posible caso de prejudicialidad, Apedanica ha renovado su denuncia y pide ahora que, sin afectar a los datos personales, la AEPD entregue a la jueza toda la documentación "sobre los presuntos delitos que puedan haberse cometido".