Más de 300 investigadores y académicos de 27 países publicaron ayer, lunes, una carta abierta dirigida a los Gobiernos para advertirles sobre el peligro de adoptar tecnologías en la lucha contra el coronavirus que "permitan una vigilancia sin precedentes de la sociedad". 

En concreto, la carta hace referencia al riesgo de utilizar una app centralizada para rastrear contagios por coronavirus. Sus autores advierten de que este tipo de tecnologías "solo deben usarse para respaldar medidas de salud pública para la contención de COVID-19. El sistema no debe ser capaz de recopilar, procesar o transmitir más datos de los necesarios para lograr este propósito", afirman. La carta llega en medio de un intenso debate entre Gobiernos europeos por el modelo de app que se utilice para superar la crisis.

Gobiernos e instituciones apuestan por una app que ayude a rastrear contagiados, sobre todo a partir del día que termine el confinamiento. Según el diario El País "esta app permitiría saber con quién ha estado una persona que luego resulta positivo y funciona mediante bluetooth: nuestros teléfonos se enviarían y recibirían códigos cada pocos minutos. Si alguien resulta infectado, al confirmarse su positivo, el sistema permitiría advertir a quienes han estado cerca en los últimos días para que hagan cuarentena". 

Una de las cuestiones que aún hay que solventar es quién almacena los datos; la otra hace referencia al formato: la duda es si se usan sistemas centralizados o descentralizados para almacenar esos datos. La diferencia está en quien controle el servidor. En el caso de un sistema centralizado, la información se almacenaría  en servidores del Estado o de otras instituciones, pero que permitiría a los Gobiernos rastrear identidades y personas. En cambio, si almacena de forma descentralizada, la información se quedaría en el teléfono móvil de cada ciudadano. 

"Algunas de las propuestas basadas en bluetooth respetan el derecho del individuo a la privacidad, mientras que otras permitirían (a través de un uso fraudulento) una forma de vigilancia del gobierno o del sector privado que obstaculizaría catastróficamente la confianza y la aceptación de dicha aplicación por parte de la sociedad en general", alertan los autores de la carta.

En Europa surgió a principios de abril un consorcio llamado PEPP-PT (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad) apoyado por decenas de instituciones para estudiar distintas soluciones sobre cómo implementar estas tecnologías de forma ética y segura. 

Alemania es partidaria de centralizar la información, pero investigadores, las agencias de protección de datos europeas, el Parlamento Europeo y otro grupo de países, entrer ellos España, apuestan por lo contrario. La decisión aún no está tomada.