Una patente es un monopolio sobre la explotación de una tecnología. Con él, se espera incentivar su desarrollo comercial, al permitir que el dueño de la patente pueda operar sin competencia. Pero, como todo monopolio, también existen efectos perversos: se limita la libertad de producción e innovación general, ya que para ofrecer servicios o fabricar productos que la usen, es preciso obtener permiso. Incluso si se han desarrollado de forma completamente independiente. E incluso si hasta se desconocía la propia existenciade la propia patente. Durante 20 años.

Se suele decir que este esquema ayuda al desarrollo de la sociedad científico-tecnológica que tenemos hoy día, hasta el punto que algunos indicadores relacionan la cantidad de innovación con el número de patentes. Sin embargo, también se conocen sus efectos perversos en muchos campos.

Por ejemplo, el uso de patentes para bloquear la competencia y retrasar el desarrollo de tecnologías nuevas. O la ralentización de la innovación en campos con desarrollo incremental (cuando un nuevo producto depende de decenas, cientos o incluso miles de pequeñas innovaciones anteriores). O la aparición de tiburones de las patentes, que en lugar de innovar se dedican a comprar patentes con las que atacar a empresas que tienen éxito, pidiéndoles grandes cantidades de dinero bajo la amenaza de entablar largos procesos judiciales que tienen un incierto final.

La innovación es una actividad de la que depende cada vez más la buena salud de cualquier sociedad. A estas alturas, no podemos permitirnos estos efectos perversos sin al menos reflexionar sobre si merecen la pena.

En el siglo XXI, cuando el conocimiento circula a enorme velocidad por todo el globo, y cuando las posibilidades de innovar son mayores que nunca, no está claro que el sistema de patentes, ideado para la situación de hace dos o tres siglos, sea válido. Al menos, no tal y como está diseñado actualmente. Al menos, no sin tener claro que fomenta que la sociedad se beneficie de la innovación.